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Editoriales

Garantía de inmunidad en el Parlacen

opinion

Como es del conocimiento público, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) presentó una denuncia penal en contra del expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, a raíz de que este declaró ‘non grato’ al exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.

Conforme a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC), le corresponde a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) calificar si la denuncia se basa o no en motivos espurios, ilegítimos o políticos, antes de remitir la denuncia al Parlamento Centroamericano (Parlacen) para los efectos del antejuicio en contra de Morales, ya que este es diputado al Parlacen (2020-2024) y, consecuentemente, goza de inmunidad.

La inmunidad equivale al derecho de antejuicio, que es un privilegio mediante el cual algunos funcionarios públicos, entre ellos los diputados al Parlacen, no pueden ser juzgados penalmente ante tribunales ordinarios sin que antes una autoridad determinada, distinta del tribunal competente para conocer de la respectiva imputación penal, declare que ha lugar a formación de causa criminal en su contra.

Efectivamente, los artículos 2 y 22, literal a), del Protocolo de Reformas al Tratado del Parlacen, aprobado el 20 de febrero de 2008 por los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados parte, garantiza a los parlamentarios, titulares y suplentes, inmunidad.

Luego, los exgobernantes de los Estados que se han adherido al Tratado del Parlacen, que son diputados natos al mismo, así como los diputados al Parlacen electos por los electorados de cada Estado parte, gozan de inmunidad, por lo que no pueden ser juzgados penalmente en tanto no se levante dicha inmunidad por el pleno del Parlacen, lo que no ha ocurrido nunca desde que se instaló dicha institución regional (1991).

En todo caso, cabe recordar que el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) impugnó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) los artículos 2 y 22, literal a), del referido Protocolo, a fin de que quedaran sin vigencia, así como solicitó la denuncia parcial del Tratado del Parlacen, conforme a la Convención de Viena, para eliminar el antejuicio de los diputados al Parlacen y que los exgobernantes fueran diputados natos al mismo.

No obstante, la 6a. Magistratura de la CC, en 2012, rechazó la impugnación bajo el argumento de que no era impugnable de inconstitucionalidad el Tratado del Parlacen, por lo que quedó vigente la inmunidad de los diputados al Parlacen, que ha sido aprovechada por exgobernantes y diputados para no ser imputados penalmente.

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