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Editoriales

Designación de magistrados de la CC por la Usac

opinion

La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (LAEPC) dispone: “La designación de magistrados titulares y suplentes de la CC por parte del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac y por parte de la Asamblea General del Colegio de Abogados se hará por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes en el acto electoral en votación secreta”.

De esa cuenta, la votación en el seno del CSU de la Usac para designar magistrados titular y suplente de la CC debe ser secreta, extremo que garantiza la ausencia de presiones, así como la absoluta independencia del votante. El voto público, por el contrario, puede condicionar al votante, así como exponerlo a represalias.

Respecto del voto público, cabe recordar que antes de la vigencia de la Constitución de 1956, en la cual se adoptó y garantizó el voto secreto en las elecciones generales, el sufragio era público, lo que suponía que cada votante debía manifestar públicamente ante la autoridad electoral por cuál de los candidatos a cargos de elección popular votaba. Obviamente, el elector era vulnerable a represalias políticas o personales, porque todo el mundo sabía por quién había sufragado. De esa cuenta, lo más seguro es que las votaciones públicas favorecieran a las opciones políticas vinculadas a quienes ostentaban el ejercicio del poder público, en gran medida debido al temor.

Sin duda, entonces, fue un logro para la democracia institucional que, a partir de 1956, se adoptara el voto secreto, cuya incorporación, por cierto, se había omitido en la Constitución de 1985-86, por lo que este craso error se subsanó en la reforma constitucional de 1993.

De esa cuenta, por mandato legal, si se establece que el voto debe ser secreto, no puede desobedecerse dicho mandato y optarse por el voto público. Imaginemos que esto pudiera hacerse en las votaciones de candidatos a cargos de elección popular. Sería, además de un retroceso, una votación ilegal.   

Asimismo, la LAEPC establece: “Los magistrados de la CC, además de los requisitos contemplados en el artículo anterior y que les son comunes a todos ellos, deberán ser escogidos preferentemente entre personas con experiencia en la función y administración pública, magistraturas, ejercicio profesional y docencia universitaria, según sea el órgano del Estado que lo designe”.

Preferentemente supone que debe preferirse, inclinarse o darse preferencia a quien ostente la respectiva cualidad o desempeño. Obviamente, entonces, en el caso de la designación de los magistrados titular y suplente de la CC por parte del CSU de la Usac deben preferirse los candidatos con experiencia en docencia universitaria sobre los que no la tienen. Por consiguiente, el CSU debe designar como magistrados de la CC a quienes comparativamente se hubieren desempeñado como docentes universitarios; o sea que se hubieren dedicado a la enseñanza académica universitaria. Esto supone que si un candidato es o ha sido docente universitario y otro (u otros) no, el CSU de la Usac debe designar al primero.

Luego, el CSU invariablemente ha designado a docentes universitarios como magistrados titulares y suplentes de la CC, atendiendo al referido mandato legal. En 1986 designó como magistrado titular a Adolfo González Rodas y como magistrado suplente a Fernando Barillas Monzón; en 1991 a Adolfo González Rodas y Ronán Roca; en 1996 a José Arturo Sierra González y Juan Francisco Flores Juárez; en 2001 a Cipriano Francisco Soto Tobar y Gilberto Romeo Alvarado Polanco; en 2006 a Mario Ramiro Pérez Guerra y Jorge Mario Álvarez Quirós; en 2011 a Mauro Roderico Chacón Corado y Juan Carlos Medina Salas; y en 2016 a Francisco de Mata Vela y Mynor Par Usen.

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