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Editoriales

Reforma electoral en EE. UU.

opinion

La semana pasada, el gobernador del estado de Georgia, EE. UU., Brian Kemp, sancionó, mediante su firma, la denominada Ley de Integridad Electoral, que introduce reformas a la legislación electoral de dicho estado, la cual podría replicarse en otros estados de la Unión Americana. Dicha ley exige, ante la carencia de un carnet electoral, una identificación con foto para poder votar en ausencia por correo. Además, reduce el periodo de tiempo que tienen las personas para solicitar una boleta de voto ausente y limita los lugares donde se pueden colocar las urnas, así como cuándo se puede acceder a ellas.

La nueva ley de Georgia también permite a cualquier ciudadano georgiano presentar impugnaciones ilimitadas a los registros de votantes y sanciona a quienes ofrezcan comida y agua a los votantes en filas de votación. Asimismo, reduce el plazo en el que se llevan a cabo las elecciones de segunda vuelta, incluida la cantidad de votaciones anticipadas para las dos vueltas electorales.

Dicha ley reemplaza al secretario de Estado electo como presidente de la Junta Electoral estatal por un nuevo designado por la legislatura estadual. También permite que la Junta Electoral destituya y reemplace a los funcionarios electorales del condado que se consideren de bajo rendimiento.

Como se recordará, la celebración de elecciones en el estado de Georgia, el año pasado, dio lugar a una batalla campal entre demócratas y republicanos. De hecho, se cuestionó la votación por correo, así como el recuento de los sufragios. Cabe recordar que el presidenciable demócrata, Joe Biden, quien se convirtió en presidente de los EE. UU., ganó, por un estrecho margen de cerca de 12 mil votos, al presidenciable republicano Donald Trump, resultado que fue objetado por este último con base en una supuesta falta de confiabilidad del voto por correo.

El gobernador Kemp afirmó que la ley “hace que sea más fácil votar y más difícil hacer trampa”. Las críticas del bando demócrata a la ley, así como de medios de comunicación afines, han sido feroces, al punto de tacharla de ser una ley discriminatoria, a lo que Kemp ha respondido que esta campaña de descalificación es parte de la “cultura de la cancelación”.

El presidente Biden dijo: “Lo que me preocupa es lo poco estadounidense que es toda esta iniciativa. Es enferma. Es enferma”. Por su parte, el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, afirmó: “Al implementar esta ley, me aseguraré de que ningún votante elegible de Georgia se vea obstaculizado en el ejercicio de su derecho al voto, y continuaré dando seguridad a nuestras elecciones para que todos los georgianos puedan tener confianza en los resultados de nuestros comicios”.

Finalmente, cabe traer a colación que el Partido Demócrata, a su vez, impulsa, a través de sus legisladores en el Congreso de los EE. UU., la aprobación de la denominada “Ley para el Pueblo”, mediante la cual se crearía un registro automático de votantes en todo el país y se restablecería partes de la Ley de Derechos Electorales que fueron suprimidos por la Corte Suprema estadounidense. También fortalecería la votación por correo y permitiría la votación anticipada en todo el país, al tiempo que tomaría medidas para reducir los tiempos de espera en las urnas.

En Guatemala, dadas las graves irregularidades y anomalías que se presentaron durante el proceso electoral de 2019, cuya impugnación por los ciudadanos fue imposible, por restricción legal expresa, la población ha venido demandando la incorporación de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos; sin embargo, tanto la actual magistratura del Tribunal Supremo Electoral como los diputados al Congreso se resisten a hacer los cambios pertinentes.

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