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Editoriales

Liberación de la vacunación

opinion

La incapacidad del sector público guatemalteco para cumplir sus funciones, incluso las más básicas, las que pueden hacer la diferencia entre la vida o la muerte, no es exclusiva de este Gobierno; desde varias décadas atrás Guatemala ocupa los más bajos lugares en las mediciones estandarizadas internacionales sobre la capacidad de ejecución y efectividad del sector público. Algo que no tiene nada de nuevo y que no tendría caso sacarlo a colación una vez más, salvo porque algunos políticos y autodeclarados “influencers”, cegados por un profundo velo ideológico, quieren hacer ver que no hay lugar para la participación privada en el abastecimiento y suministro de las vacunas contra la COVID-19; es decir, que todo este proceso de vacunación debe dejarse única y exclusivamente en un sector público poco efectivo, disfuncional y proclive a la corrupción y los abusos. Defender a ciegas la monopolización estatal del proceso de vacunación no garantiza absolutamente nada, salvo que tome más tiempo alcanzar la inmunidad colectiva necesaria para parar el mal. Al final de cuentas lo importante es detener la cadena de transmisión de los contagios, independientemente si la persona se inmuniza por su cuenta, utilizando sus propios recursos, o lo hace por medio de los servicios que ofrece el Gobierno. 

Nadie niega la naturaleza pública de esta amenaza sanitaria, así como nadie niega el papel fundamental que debe jugar el Estado en este tipo de problemas públicos. Cuestión que, si se quiere, se acentúa en situaciones como la nuestra en donde amplios grupos de la población no tendrían los recursos para pagar por una vacuna. No obstante, por más legítima que pueda ser la participación del Estado en este proceso, no existe razón alguna, salvo atavismos ideológicos decimonónicos, para impedir que cada quien procure por sus propios medios obtener la vacuna, tal como hacen millones de personas en el país para vacunarse contra otro tipo de patógenos. Es cierto que en este momento las casas farmacéuticas dan preeminencia a las adquisiciones públicas, situación que tarde o temprano cambiará y que, cuando llegue ese momento, podría facilitar la participación privada en el proceso de vacunación, acelerando así el proceso de inmunización colectiva y ahorrándole algunos recursos al Estado. No tiene sentido práctico pretender garantizar la equidad absoluta en el acceso a las vacunas públicas, lo que urge es que se vacune la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Como sabiamente escribiera una de las finas plumas que engalanan la sección de opinión de este medio, “la meta es salvarnos, no morir por igual”.

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