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Editoriales

Procedencia de la reducción del IUSI

opinion

Durante el régimen de Álvaro Arzú (1996-2000) fue promulgada la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), por medio del Decreto 15-98 del Congreso, por la cual se establece el IUSI, que recae “sobre los bienes inmuebles rústicos o rurales y urbanos, integrando los mismos el terreno, las estructuras, construcciones, instalaciones adheridas al inmueble y sus mejoras; así como los cultivos permanentes. Para los efectos de la determinación del impuesto, no integrará la base imponible el valor de los bienes siguientes: la maquinaria y equipo. En las propiedades rústicas o rurales, las viviendas, escuelas, puestos de salud, dispensarios u otros centros de beneficio social para los trabajadores de dichas propiedades. Para los efectos de este impuesto, se consideran cultivos permanentes los que tengan un término de producción superior a 3 años”.

Asimismo, la referida Ley dispone: “Para la determinación del impuesto anual sobre inmuebles, se establecen las escalas y tasas siguientes: valor inscrito de impuesto hasta Q2 mil, exento; de Q2 mil 01 a Q20 mil, 2 por millar; de Q20 mil 01 a Q70 mil, 6 por millar; de Q70 mil 01 en adelante, 9 por millar”.

La devaluación del quetzal con respecto al dólar estadounidense, de Q1 x US$1 a casi Q7.75 x US$1, prácticamente ha situado el valor de la inmensa mayoría de inmuebles en el territorio nacional por encima de los Q70 mil, por lo que la tasa del IUSI efectiva es 9 por millar, o sea casi el 1 por ciento (0.9 por ciento), aplicable indiscriminadamente a todos los inmuebles, sin importar si los mismos tienen o no construcción o si teniendo construcción son destinados a vivienda de los propietarios o a obtener renta. Por cierto, solo durante la gestión gubernativa de Arzú se devaluó la moneda nacional con respecto al dólar en un 20 por ciento.

Sin duda, la tasa de 1 por ciento (0.9 por ciento), en concepto de IUSI, es extremadamente alta (confiscatoria) y ha venido incidiendo en que haya oposición a las revaluaciones inmobiliarias (que generalmente son arbitrarias y abusivas por falta de regulación adecuada) y a hacer autoavalúos, o en que los adquirentes de inmuebles se resistan a escriturar el valor real de adquisición, que, por cierto, también está gravado por el IVA (12 por ciento) o, en su caso, por el timbre fiscal (3 por ciento), así como por el gravoso arancel registral. En todo caso, los inmuebles destinados a vivienda o sin construcción deberían pagar bastante menos que los que generan producto o renta. Lamentablemente, la sobresimplificación durante el régimen “arzuísta” fue la pauta. 

Por tanto, lo procedente es que el Congreso no solo reduzca la tasa del IUSI a un máximo de 3 por millar, sino que también diferencie los inmuebles gravados en los términos apuntados y regule las valuaciones inmobiliarias. Esto, inequívocamente, ayudará a mejorar la recaudación por vía impositiva y apuntalará la justicia y la equidad tributarias.

En todo caso, cabe advertir que las municipalidades, a pesar de la profunda crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus (COVID-19), han renovado las revaluaciones inmobiliarias arbitrarias y cuasi expropiatorias, incluyendo sobre terrenos sin construcción, a fin de “sacar agua de las piedras” para cubrir sus abultados gastos de funcionamiento, que todos sabemos que, en un alto porcentaje, son destinados a burocratización, despilfarro y corrupción. Por supuesto, los propietarios que no se pueden defender son las mayores víctimas de estos abusos y excesos.

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