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Editoriales

Incidencia del alza del precio del petróleo

opinion

El precio del barril de petróleo en el mercado internacional está subiendo de nuevo (situándose el miércoles pasado en WTI US$64.95 y BRENT US$68.44) y se anticipa que la tendencia seguirá alcista. Los expertos atribuyen el alza del crudo principalmente a la crisis en el Medio Oriente, aunque existen otros factores tales como la reducción de los inventarios de petróleo en los EE. UU., la disminución de la producción de crudo decretada por la OPEP y los temores al regreso de la inflación galopante debido a la indetenible monetización.

En Guatemala, el alza de los precios de los combustibles, el encarecimiento de los alimentos biocombustibles (maíz, trigo, avena, soja) y el creciente déficit fiscal financiado con emisión inorgánica son factores que detonan el aumento generalizado de precios, lo que se traduce, ni más ni menos, en una pérdida del poder adquisitivo (de compra) de la población.

Empero, la inflación no es el único problema que enfrenta la economía nacional. Debe tenerse presente que la actividad económica apenas se está recuperando, que los nubarrones recesivos no se han disipado en el mundo y que no existe certeza de la aplicación de la Ley, que aliente los negocios y las inversiones. La inflación podría abatir la recuperación económica y dar pie a un estancamiento económico, que se caracteriza por la desconfianza e incertidumbre entre los agentes económicos, lo que redunda en desinversión, desempleo y conflictividad, potenciados por la ausencia de seguridad jurídica.

El corolario sería una creciente insatisfacción social y la amenaza de desestabilización de los sectores sociales más vulnerables, especialmente el suburbano y el rural. Esta inestabilidad se está manifestando a través de mayores niveles de emigración hacia Norteamérica, migración del campo a la ciudad, movilidad social descendente, violencia y miseria.

Por tanto, resulta imperativo que el Congreso revise, a la brevedad, el Impuesto sobre la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (Decreto 38-92 del Congreso y sus reformas), a fin de atenuar localmente el alza del precio de los combustibles, sobre todo considerando que la recaudación tributaria por la vía del IVA ha venido aumentando debido al alza misma de los combustibles y de los alimentos biocombustibles. De cualquier manera, dicho impuesto ya fue declarado inconstitucional por la CC una vez, por doble tributación, por lo que podría ser impugnado nuevamente en defensa de los consumidores. Otro tributo que debe ser suprimido o suspendido, por ilegal, arbitrario, abusivo, confiscatorio y generador de una grave conflictividad social, es la Tasa de Alumbrado Público (TAP) que cobran las municipalidades a través de las empresas distribuidoras de electricidad, con el aval de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). La TAP, además de ilegal, encarece irracionalmente el consumo de energía eléctrica.

No puede seguirse quitando a la gente lo que no tiene ni para satisfacer sus necesidades básicas. La prioridad es la subsistencia vital, con lo que no se puede especular.

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