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Editoriales

Calificación de candidatos

opinion

La Constitución establece que los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos, y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.

De acuerdo con la Ley del Servicio Civil, la capacidad, idoneidad y honradez se determinan a través del procedimiento de selección por oposición, por medio del cual se mide la aptitud, experiencia, suficiencia y ética del aspirante. La Constitución también establece que los ingresos, promociones y ascensos en el seno del Organismo Judicial se harán por oposición; no obstante, la Ley de la Carrera Judicial omite la selección por oposición en el proceso de postulación de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones.

Cuando los candidatos deban ser postulados y/o inscritos para participar en procesos electorales, tales como los candidatos a cargos de elección popular (Presidente y vicepresidente, diputados y alcaldes, síndicos y concejales) o de elección de candidatos a magistrados y demás funcionarios públicos, el órgano electoral debe  calificar o determinar si el aspirante cumple o no con los respectivos requisitos legales, con base en la documentación recabada, así como establecer si el aspirante ostenta los méritos de capacidad, idoneidad y honradez u honorabilidad, si fuere el caso, lo que supone, sin recurrir a evaluaciones exhaustivas, la verificación de la información que acredita el cumplimiento de dichos requisitos y méritos.

Esta verificación debe complementarse con el análisis de las eventuales tachas o impugnaciones que se presenten dentro del correspondiente plazo legal en contra de las respectivas calificaciones e inscripciones. La ausencia de la presentación de tachas o impugnaciones supone la caducidad o preclusión de la objeción. Tanto la Ley Electoral y de Partidos Políticos como la Ley de Comisiones de Postulación establecen los procedimientos de calificación, inscripción, impugnación y postulación de candidatos.

Si no existiere regulación legal específica para la calificación e inscripción de las candidaturas, como en el caso de la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por el Consejo Superior Universitario de la Usac, el respectivo órgano electoral debe calificar e inscribir o no, bajo su responsabilidad, las candidaturas de acuerdo con la regulación procedimental interna publicada de la institución.

En todo caso, la LAEPC establece que los magistrados de la CC deben ser escogidos preferentemente entre personas con experiencia en la función y administración pública, magistraturas, ejercicio profesional (magistratura, judicatura, abogacía y notariado) y docencia universitaria, según sea el órgano estatal que los designe.

Lamentablemente, los procesos de designación de los magistrados de la CC que fungirán durante el periodo de funciones comprendido del 14 de abril de 2021 al 13 de abril de 2026, se están presentando accidentados, confrontados y abusados, dado el endurecimiento de actitudes prevaleciente y la ausencia de una mesa limpia consensuada; empero, no debe olvidarse que la ciudadanía demanda que los nuevos togados sean designados y juramentados, así como que tomen posesión de sus cargos, en la fecha prevista en la Constitución y la Ley.

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