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Editoriales

Entre la Corrupción y la Irresponsabilidad Administrativa

opinion

El escándalo de las pruebas falsas para la COVID-19 revela, por enésima vez, los problemas sistémicos que caracterizan a las adquisiciones públicas. Se ha hecho referencia tantas veces a este problema en este espacio que resulta tedioso referirse a este tema nuevamente. Detrás de este proceso de compra subyacen problemas muy profundos. Por ejemplo, todo lo relacionado con el registro de productos médicos de este tipo ante las autoridades respectivas. Cuando las irregularidades inician en la instancia encargada de dar “luz verde” a la idoneidad de los productos farmacéuticos que adquiere el Estado, menudo problema se tiende por delante; tales irregularidades son equivalentes a que el criminal haga “negocios sucios” con el juez que lo va a juzgar, repartiéndose el botín entre ambos. 

Si bien, podría argumentarse que resulta casi imposible verificar la idoneidad de las pruebas en el momento de su recepción, salvo que se hubiera practicado un muestreo aleatorio al lote completo para verificar el contenido y propiedades físico químicas de los productos, cuestión que no se acostumbra,  la realidad es otra. Si existiera  una gestión profesional de las adquisiciones, de manera que se conociera profundamente las características de los mercados en donde se harán las compras; la experiencia de las empresas que participan en los procesos en relación a qué tipo de clientes atiende, al historial de desempeño de los productos que ofrece, los lugares en donde se han utilizado tales productos y la efectividad que han tenido los mismos; se verificarán los registros sanitarios a cabalidad y se constará el estado de dichos productos ante instancias como el FDA de EE. UU.;  se practicarán de manera recurrente auditorías de calidad a lo que adquiere el Estado;  y se verificarán precios y calidades. 

Sin embargo, la realidad es otra: ausencia de mecanismos y procedimientos para hacer frente a adquisiciones en situaciones de emergencia que desembocan en compras reactivas, orientadas a comprar rápido, no a comprar mejor.  Referirse a todo esto como una “irresponsabilidad administrativa” es, de cierta manera correcto; siempre y cuando la acepción del término sea utilice en toda su extensión. Según el DRAE, la palabra irresponsabilidad  se refiere a la cualidad de irresponsable, la cual, en relación a un acto, se refiere a las consecuencias de la falta de previsión o meditación a lo largo de todo el proceso de las adquisiciones. En cualquier otro caso, tal expresión es tan solo un eufemismo para no llamar a las cosas por su verdadero nombre. 

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