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Editoriales

Castigo a diputados tránsfugas

opinion

Como se recordará, a iniciativa de la bancada de diputados de la UNE, liderada por el entonces presidente del Congreso, Mario Taracena (UNE), y de la anterior Magistratura del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se aprobó el Decreto 26-2016 del Congreso, por el cual se incorporaron reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), entre ellas la que tenía el propósito de disuadir el transfuguismo de los diputados, es decir impedir que estos no renuncien o abandonen el partido político que los postuló como candidatos, ni se puedan trasladar a otras bancadas o bloques legislativos o a otros partidos.

Esta disposición dice: “Se entenderá por transfuguismo el acto por el cual un diputado, renuncia a un partido político, habiendo sido electo o cuando ya está  ejerciendo el cargo, mediante sufragio  universal,  para  un  periodo, y  estuviere designado en uno de los órganos establecidos, automáticamente cesa en el cargo del órgano del Congreso que integrare, el cual será asumido por un diputado del partido representado; el renunciante no podrá optar a ningún cargo dentro de los órganos del Congreso de la República. Queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso de la República, recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organización política”.

Asimismo, por medio del Decreto 14-2016 del Congreso, se reformaron los artículos 9, párrafo final, 34, párrafo final, 35, párrafo primero, y 50 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL), así como se adicionó el artículo 60, a través de los cuales se prohíbe a los diputados tránsfugas optar a cargos directivos y de responsabilidad en el Congreso, convirtiéndolos en diputados errantes y sin incidencia política, es decir en congresistas de segunda clase.

En la disposición de la LEPP, “(…) queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso de la República, recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organización política”, que fue objeto de polémica durante el proceso electoral, ya que se acusó al uineísta Taracena de redactarla en forma diferente a como se había emitido el dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad (CC), impidió que los diputados que se habían cambiado de partido, incluso antes de la reforma legal, no pudieran ser postulados por otros partidos para la reelección.

Sin embargo, lo más extremo ocurrió cuando la CC resolvió que los diputados, cuyos partidos hubieran sido cancelados o suprimidos, no eran solo independientes, sino que también tránsfugas, lo que impidió a estos que pudieran competir en la pasada contienda electoral, porque no les fue dable incorporarse a otros partidos postulantes, lo que puso punto final a su carrera parlamentaria e, incluso, política. Es más, la bancada de la UNE, principal beneficiaria de la reforma legal, se opuso a modificar las normas sobre el transfuguismo.

Por supuesto, ahora que se ha iniciado el lento proceso de cancelación de la UNE, por violación de las normas sobre financiamiento electoral, el TSE, controlado por dicho partido, se apresura a solicitar que se reformen las disposiciones de la LEPP, así como las de la LOOL, relativas al transfuguismo, para que los diputados de la UNE no queden a la deriva en el Congreso, por si acaso se cancela dicho partido.

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