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Editoriales

Suspensión de proyectos mineros e hidroeléctricos

opinion

Recientemente, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) suspendió la licencia de explotación minera LEX-049-05, aprobada por el MEM en resolución # 1208 de fecha 17 de abril de 2006, correspondiente al Proyecto Minero Fénix, que opera la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) en Izabal, en cumplimiento con una sentencia de amparo dictada por la actual Magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC), bajo el argumento de que supuestamente no se había cumplido con el procedimiento consultivo previsto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La entidad CGN ha invertido en el proyecto minero cerca de US$700 millones.

Anteriormente, la actual Magistratura de la CC suspendió la operación minera de La Puya, ubicada en San José del Golfo y en San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala, fue suspendida desde 2016, también bajo el mismo argumento de que supuestamente no se había cumplido con el referido procedimiento consultivo. Asimismo, en julio de 2017, la actual Magistratura de la CC suspendió el proyecto minero El Escobal, de la Minera San Rafael, ubicado en el municipio San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa, bajo el mismo argumento de que supuestamente no se había cumplido con el mencionado procedimiento consultivo.

Por otro lado, la actual Magistratura de la CC suspendió los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II, operados en el municipio Santa María Cahabón, departamento de Alta Verapaz, bajo el argumento de que supuestamente no se había cumplido con el procedimiento consultivo previsto en el Convenio 169 de la OIT, y se tiene conocimiento que existen otras impugnaciones pendientes de resolver.

Dichos proyectos hidroeléctricos y mineros fueron autorizados por el Estado después de que las respectivas autoridades dieron por cumplidos o satisfechos todos los requisitos exigidos por la Constitución, los convenios internacionales y las leyes del país. Con dichas autorizaciones en mano los inversionistas procedieron a hacer sus presupuestos de inversión y financiar los respectivos proyectos a través de capital propio y de créditos bancarios. Cabe advertir que solo es posible la capitalización de dichos emprendimientos si se cuenta con la absoluta certeza jurídica de que el Estado, después de agotados los trámites y procedimientos legales, ha extendido las respectivas autorizaciones y licencias. Nadie invierte ni presta un centavo para el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico o minero que no ha cumplido con todas las disposiciones legales y reglamentarias, o que se encuentra en situación de ‘impasse’ porque existen oportunas y pertinentes oposiciones o impugnaciones de las autorizaciones o licencias que han sido emitidas. Por supuesto, dichas oposiciones e impugnaciones deben plantearse dentro de plazos legales y antes de que se inicien las operaciones, a través de los mecanismos legales correspondientes. En todo caso, no puede admitirse que después de transcurridos dichos plazos se planteen nuevas oposiciones o impugnaciones, porque se lesionaría la certeza jurídica y los derechos adquiridos.

No se vale, entonces, que se paralicen intempestivamente las operaciones hidroeléctricas y mineras sin que los administradores y representantes de las mismas hayan sido citados, oídos y vencidos ante juez competente y en el marco de un debido proceso legal, gozando dentro de él de todas las garantías procesales previstas en la Constitución y las leyes, y sin importar los daños y perjuicios que puedan causarse no solo a los emprendedores, sino que también a los accionistas, financistas, abastecedores, trabajadores, el Fisco y los demás beneficiarios de las externalidades provechosas.

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