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Editoriales

Corrupción en Salud

opinion

La semana pasada, la ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Amelia Flores, denunció ante el Ministerio Público la adquisición de pruebas falsas para COVID-19 por casi US$1 millón, las cuales se habrían utilizado en varios lugares de la República.

Los hechos punibles denunciados por la ministra Flores son la distribución y comercialización de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, así como de dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificados.

En la respectiva denuncia se consigna que 30 mil pruebas para detección de coronavirus (COVID-19) fueron compradas para utilizarse en los hospitales regionales de Zacapa, Huehuetenango y Chimaltenango a la empresa Kron Científica e Industrial, Sociedad Anónima.

La alta funcionaria pidió que se investigue por la posible comisión de los delitos de estafa, perjurio, falsificación de documentos privados, conspiración y fraude a Juan Pablo Arocha Urbin y Luis Alfredo Arocha Bermúdez, ambos representantes de la empresa Kron Científica e Industrial, S. A., y a Ronaldo Estrada Rivera, exfuncionario de Salud y actual viceministro de Cultura y Deportes, por haber firmado el contrato de adquisición.

La empresa Kron informó que las pruebas se compraron a la fabricante Atila Biosystems, Inc., con sede en EE. UU.

Las pruebas fueron entregadas entre el 17 y 25 de noviembre de 2020 de forma directa a los hospitales de Chimaltenango y Huehuetenango, por Kron Científica e Industrial, S. A. Asimismo, ha trascendido que algunos funcionarios falsificaron documentos para hacer constar que dichas pruebas ingresaron a las bodegas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con el fin de poder hacer el pago correspondiente.

Sin duda, este es un deplorable escándalo de corrupción, ya que nos encontramos en medio de una pandemia que está cobrando la vida de millones de personas en el mundo. Los recursos con los que cuenta el Estado de Guatemala son extremadamente escasos para hacer frente al coronavirus COVID-19, al extremo que se han tenido que contratar préstamos extraordinarios para el efecto.

Con dificultad el sistema de salud pública ha montado una infraestructura sanitaria limitada para atender a los miles de pacientes. Asimismo, las pruebas de coronavirus son esenciales para saber si las personas están o no contagiadas, y que, en su caso, no contagien a otras personas. Por tanto, es crimen de lesa humanidad falsificar las pruebas y distribuirlas con la intención de engañar.

Ojalá las investigaciones penales que ya se iniciaron desemboquen en la aprehensión de los malhechores, así como en su juzgamiento y condena ejemplar. Estos son los crímenes que deben ser castigados con todo el peso de la Ley.

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