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Editoriales

Pena de muerte

opinion

Según informaciones de prensa, el presidente Alejandro Giammattei solicitó al Congreso el restablecimiento de la pena de muerte, a raíz de los oprobiosos asesinatos de niños y mujeres ocurridos en los últimos meses.   

Como se recordará la Corte de Constitucionalidad (CC), en polémicos fallos, declaró inconstitucional y sin vigencia la sanción de pena de muerte por la comisión de los delitos de asesinato, parricidio, magnicidio, secuestro y violación cuando muere la víctima, que eran los únicos delitos sancionados con la pena de muerte. La Constitución contempla la aplicación de la pena de muerte, con excepciones, y atribuye, con exclusividad, al Congreso la potestad de abolirla.

De esa cuenta, la CC se arrogó la potestad de abolir la pena de muerte, extremo que es incompatible con la Constitución, por lo que resulta procedente que dichas decisiones sean declaradas nulas de pleno Derecho y expulsadas de la jurisprudencia constitucional.

Por otro lado, dado que el Congreso no ha decidido abolir la pena de muerte, lo que procede es que se regule de nuevo el indulto o conmutación de la pena de muerte, conocida comúnmente como recurso de gracia, previsto en el Artículo 4, numeral 6, de la Convención Americana sobre DD. HH., que dispone que toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, que podrán ser concedidos en todos los casos; y, asimismo, establece que no se puede aplicar la pena de muerte mientras una solicitud en ese sentido esté pendiente de decisión.

   Hasta el 1 de junio de 2000, la facultad de conceder indulto o de conmutar la pena de muerte (sustitución por la máxima pena de prisión) correspondía al Presidente, conforme el Decreto 159 de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, dicho decreto fue derogado por el Decreto 32-2000 del Congreso, a raíz de que el expresidente Alfonso Portillo (2000-4) se negó a asumir la responsabilidad de conceder o no el indulto que solicitaran los condenados a muerte.

La ausencia de una autoridad que conceda o no el recurso de gracia dio pie para que la Corte Interamericana de DD. HH. dictaminara, en sentencia del 20 de junio de 2005, que Guatemala debía regular el procedimiento de indulto para los condenados a muerte. No obstante, el Estado de Guatemala no ha regulado el recurso de gracia, por lo que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), arrogándose una función que no le correspondía, procedió a conmutar la pena de muerte por la pena máxima de prisión a los condenados a la pena capital, a través del recurso de revisión.

En nuestra opinión, mientras la pena de muerte no sea legalmente abolida, decisión que, como ya advertimos, le corresponde, con exclusividad, al Congreso, forzosamente debe agotarse el recurso de gracia, el cual, en nuestra opinión, debería ser conocido por el presidente, en su calidad de Jefe de Estado (representante de la unidad nacional).

En consecuencia, toca al Congreso y no a la CC ni a la CSJ, poner fin a la incertidumbre jurídica prevaleciente a través del restablecimiento eficaz del recurso de gracia o, en su caso, de la abolición de la pena de muerte.

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