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Editoriales

XLI aniversario de la quema de la Embajada de España

opinion

El pasado domingo 31 de enero se conmemoró el cuadragésimo primer (41º) aniversario de la “Quema de la Embajada de España”, ocurrido el 31 de enero de 1980, suceso trágico en el que fallecieron cremadas 37 personas. Dicho evento funesto ocurrió durante el régimen militarista de Romeo Lucas (1978-82), a raíz de la ocupación de dicha sede diplomática por subversivos, quienes portaban bombas incendiarias de fabricación casera y armas de fuego, y retuvieron por la fuerza a las personas que se hallaban en su interior.

Es un hecho incontrovertible que las fuerzas de seguridad de Guatemala irrumpieron en las instalaciones de la Embajada de España, ubicada en la zona 9 de la Capital, sin que el Gobierno español o la misión diplomática española acreditada en nuestro país solicitaran, consintieran o autorizaran el asalto de la sede diplomática por las fuerzas de seguridad guatemaltecas. Esto supuso una flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, así como la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Desde luego que la Policía procedió a tomar por la fuerza las instalaciones de la Embajada de España, sin el consentimiento o autorización del Gobierno español o de la respectiva misión diplomática, el Gobierno guatemalteco asumió todas las consecuencias y responsabilidades por su actuación; de lo contrario, el Gobierno español habría asumido dichos costos.

Sin embargo, a estas alturas, no se ha aclarado plenamente la controversial actuación del exembajador de España, Máximo Cajal y López, sobreviviente al incendio, a la cual se refiere el abogado Adolfo Molina Sierra, hijo del excanciller de Guatemala, Adolfo Molina Orantes, quien pereció en la sede diplomática, en su libro titulado: “Historia verdadera de la quema de la Embajada española”, en el que se incorpora una investigación documentada sobre los antecedentes y hechos.

La respectiva pesquisa judicial ha redundado en el juzgamiento de Pedro García Arredondo, exjefe del Comando 6 de la Policía Nacional, durante el régimen de Lucas, quien, en sentencias dictadas en primera y segunda instancias, fue declarado culpable y condenado a prisión por su participación en los hechos punibles imputables a las autoridades estatales.

En todo caso, también pende esclarecer si la guerrilla estuvo o no involucrada en la planificación e implementación de la toma de la referida sede diplomática, calificada por el régimen de Lucas como un “acto terrorista”, así como en relación a si el diplomático español Cajal y López intervino o no en la planificación de dicha toma. Esta investigación es obligada.

La única manera en que la sociedad guatemalteca podrá reconciliarse consigo misma es través de la justicia cumplida; y, por ende, confiamos en que la justicia oficial esclarezca plenamente los hechos relacionados con la toma y quema de la Embajada de España y que todos los responsables (autores, cómplices y encubridores) sean debidamente juzgados y condenados, así como que se deduzcan las responsabilidades civiles correspondientes en contra de todos los implicados.

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