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Editoriales

Urgente cancelación de partidos

opinion

En agosto de 2019, el Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que la autoridad electoral procedería a cancelar los partidos Unidos, Productividad y Trabajo (PPT), Liberal de Guatemala (PLG), Avanza, Libre, Convergencia, Fuerza y Encuentro por Guatemala, por no haber alcanzado al 5 por ciento de los votos válidos. Asimismo, el RC afirmó que se encontraban en proceso de cancelación las organizaciones políticas Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Encuentro por Guatemala (EG), Partido de Avanzada Nacional (PAN), Unión del Cambio Nacional (UCN), Compromiso, Renovación y Orden (CREO) y Visión con Valores (ViVa), por violación de la normativa de financiamiento electoral.

Asimismo, el 29 de agosto de 2019, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) solicitó al TSE la cancelación del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), fundado por el exgobernante Álvaro Colom (2008-12) y su exesposa Sandra Torres, a raíz de que esta financió su campaña presidencial en 2015 de manera irregular, ya que no registró contablemente ingresos percibidos y gastos ejecutados por un monto de Q 27 millones 689 mil 304. Efectivamente, dicha petición fue formulada por el Fiscal de la FECI del MP, Andrei Vladimir González Arteaga, al TSE con fecha 29 de agosto de 2019, en la cual se expone que 4 personas están acusadas penalmente por la supuesta comisión de los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación Ilícita.

En todo caso, cabe recordar que, en 2016, la CICIG también denunció públicamente a los partidos UNE y FCN NACIÓN como responsables de financiamiento electoral ilícito; y durante el proceso electoral de 2019 el partido UNE y financistas de este fueron denunciados por el MP, por la supuesta comisión del delito de financiamiento electoral no registrado, por Q19.5 millones.

Asimismo, debe tenerse presente que el artículo 21, párrafo primero de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), dispone que corresponde al TSE el control y fiscalización de los fondos públicos y privados que reciban las organizaciones políticas para el financiamiento de sus actividades permanentes y de campaña. Por otro lado, el artículo 21, literal e) del párrafo cuarto, de la LEPP, disponía (antes de la reforma de la LEPP de 2016) que para el financiamiento de los partidos y de las campañas electorales debía observarse que: “(…) e) El límite máximo de gastos de la campaña electoral será a razón del equivalente en quetzales de un dólar de los EE. UU., por ciudadano empadronado hasta el 31 de diciembre del año anterior a las elecciones (…)”. Este precepto estuvo vigente durante los procesos electorales celebrados en 2011 y 2015.

Sin embargo, la actual magistratura del TSE, haciendo alarde de la grotesca justicia selectiva, al igual que lo hizo la anterior magistratura del TSE durante el sucio, opaco y fraudulento proceso electoral realizado en 2019, que todavía nos sorprende que la Secretaría General de la OEA lo haya avalado, ha venido cancelando a unos partidos políticos y a otros no, casualmente entre estos últimos los partidos representados en el Congreso. A paso de tortuga inició la cancelación de la UCN, pero no toca a la UNE (al cual se vincula a varios magistrados del TSE), al FCN-Nación, al PAN, a CREO y a ViVa, entre otros.

El colmo es que la actual magistratura del TSE, que se vislumbra peor que la anterior, anunció que pagará la multimillonaria deuda política (US $2.00 por voto obtenido) a partidos políticos que ya deberían haberse cancelado o que han sido sancionados con multas millonarias, impuestas por diferentes infracciones, lo que es un contrasentido y una tremenda inconsecuencia, especialmente considerando el desorden financiero del Estado. Es más, si esto ocurre debería iniciarse, ipso facto, el proceso de remoción de los funcionarios electorales responsables.

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