El narcotráfico es la cabeza más grande de la hidra de 11 cabezas del crimen organizado, junto al contrabando, al secuestro, al tráfico de armas, al tráfico de madera, al robo de vehículos, al tráfico de personas, al lavado de dinero sucio, a la corrupción estatal, a la extorsión y a la trata de mujeres y niños, y ha crecido inmensamente a costa del desgobierno y de la anarquía imperante en Guatemala, al extremo que se tiene conocimiento que, por lo menos, una veintena de carteles de droga operan impunemente en el territorio nacional.

La respuesta de los últimos gobiernos guatemaltecos al tráfico de drogas ha sido muy débil, casi nula, al extremo que raya en lo sospechoso. En todo caso, la detección de cargamentos de droga ha descendido a niveles ridículos, lo cual es motivo de honda preocupación y desconcierto para la Administración de Control de Drogas​ (DEA).

La fuga de narcotraficantes de las prisiones del país, la acción estéril de las fuerzas de seguridad del Estado en su recaptura y la absolución de los imputados de narcotráfico por los tribunales, también han dejado mucho que desear.

Hay quienes afirman, con razón, que nuestro país simplemente perdió la guerra contra el narcotráfico, y que el Estado de Guatemala se ha convertido en una suerte de “narcoestado”, con toda la cauda de violencia, corrupción e inseguridad que eso implica, y que las instituciones estatales se están limitando a coexistir con los “barones de la droga”, que se han transformado en los verdaderos amos y señores en esta Tierra del Quetzal, a base de compra de voluntades, corrupción escandalosa y violencia descomunal.

El narcotráfico es un delito internacional que es perseguido en todos los países civilizados del mundo, por lo que pretender sustraerse de esta acción conjunta y solidaria de la humanidad contra este flagelo, no solo evidencia una ausencia de conciencia de los graves efectos que provoca el tráfico de drogas, sino que también una clara presunción de complicidad por acción o por omisión.

La captura y extradición de narcotraficantes, así como la incautación de cargamentos de droga, son la única manera en que un Estado acredita que está comprometido con la lucha frontal y decidida contra el narcotráfico y contra la delincuencia organizada transnacional.

Por tanto, el Estado de Guatemala debe esforzarse por detener el flagelo del narcotráfico, que tanto daño y desgracia causa a las sociedades humanas, por supuesto, siempre contando con el apoyo irrestricto y apropiado de la comunidad internacional, en un marco de seguridad regional y de plena observancia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.