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Editoriales

Informe de la misión de la OEA

opinion

La misión especial de la OEA, que visitó Guatemala del 27 de noviembre al 2 de diciembre del año pasado, como consecuencia de la crisis política que se suscitó por la inconformidad surgida por la aprobación por el Congreso del Presupuesto estatal correspondiente al ejercicio 2021, por Q99.7 millardos, Q12 millardos más que el techo presupuestario original previsto para el año 2020, rindió un informe sobre el resultado de su observación.

La presencia de la referida misión puso fin al enfrentamiento entre el presidente Giammattei y el vicepresidente Castillo, quienes hicieron una declaración conjunta, que, en principio, acercaba las posiciones encontradas de ambos funcionarios. Sin embargo, esto último fue eminentemente coyuntural, ya que las diferencias entre ambos no se han zanjado.

En el informe de la misión de la OEA se consigna que “existe una preocupación común sobre algunos elementos que podrían vulnerar el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática del país”. “La Misión constató que la manera en la que se trató la aprobación del Presupuesto 2021 por el Congreso (…) fue la razón que detonó las protestas sociales del 21 de noviembre de 2020, sin embargo, apreció que existen múltiples reclamos e inquietudes de distintos sectores de la sociedad que van más allá de la situación coyuntural específica, y –en algunos casos– que anteceden al actual Gobierno”, se consigna en el informe.

“La Misión pudo apreciar que existen algunas preocupaciones de los guatemaltecos que deben ser abordadas: 1) La percepción sobre corrupción e impunidad; 2) La falta de transparencia en los asuntos públicos; 3) La conformación del Presupuesto 2021 y el procedimiento legislativo para su aprobación; 4) La omisión legislativa en la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones; 5) La necesidad de garantizar un procedimiento transparente para la renovación de la Corte de Constitucionalidad; 6) La preocupación sobre los criterios de competencia de la Corte de Constitucionalidad; 7) La falta de canales de comunicación adecuados entre las autoridades del Estado; 8) La garantía del derecho a la protesta social; 9) El uso de la fuerza pública en las manifestaciones y las presuntas agresiones contra personas y bienes públicos; 10) Conocer los avances sobre las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público por estos sucesos; y 11) La necesidad de contar con mecanismos permanentes de interlocución multisectorial.

En el informe, la misión de la OEA formula algunas recomendaciones, entre ellas: 1) Hacer esfuerzos para fomentar la integridad, la honestidad y la responsabilidad de los funcionarios públicos a partir de una nueva Ley del Servicio Civil y de las reformas necesarias a la Ley Electoral; 2) Garantizar una adecuada investigación, enjuiciamiento y sanción de los actos de corrupción; 3) Procurar que los mecanismos de acceso a la información promuevan la rendición de cuentas y la transparencia y permitan el debate público de la gestión gubernamental; 4) Establecer procedimientos transparentes para la discusión y aprobación de asuntos legislativos, incluyendo lo relativo a la discusión del Presupuesto, tanto para las modificaciones del Presupuesto 2021, como la aprobación de presupuestos futuros; 5) Garantizar un proceso adecuado de selección y nombramiento de los magistrados de la CC, que garantice su independencia; y 6) Garantizar el derecho a la libre manifestación y a la protesta pacífica, como elementos esenciales para la existencia y consolidación de la democracia.

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