La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el gobernante de EE. UU., Joe Biden, le informó, por vía telefónica, que el Gobierno estadounidense destinará US$4 millardos en cooperación para el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras).

Como se recordará, grandes porciones de los territorios de Guatemala y Honduras fueron devastados por el paso de los huracanes ‘Eta’ y ‘Iota’ en el último bimestre del año pasado, causando una verdadera catástrofe humanitaria; y, asimismo, las poblaciones de los países del Triángulo Norte de Centroamérica han sufrido el azote de la pandemia COVID-19, con respuestas muy precarias por parte de los respectivos gobiernos, debido, en gran medida, a la limitación de recursos económicos. Cabe advertir también que las economías de dichos países han resultado muy perjudicadas por la contracción económica ocurrida en 2020 y en lo que va del año 2021, atribuida a la mencionada pandemia, que, por cierto, ya está en plena segunda ola de contagios.

Por consiguiente, la emergencia demanda una asistencia al estilo del Plan Marshall que se destinó a Europa después de la Segunda Guerra Mundial (1939-45).

Concretamente, el Plan Marshall –oficialmente denominado European Recovery Program (ERP)– fue una iniciativa del Gobierno de EE. UU. para ayudar a Europa Occidental, que consistió en una suerte de ayuda económica por unos US$12 millardos para la reconstrucción de dichos países, que habían quedado devastados tras la Segunda Guerra Mundial. El plan operó durante cuatro años desde 1948.

Además de las necesidades de reconstrucción nacional y de enfrentar el embate de la pandemia, el crimen organizado transnacional sigue fortaleciéndose a costa de un Estado de Derecho cada vez más débil e incapaz de hacerle frente con la contundencia debida. En gran medida la ingobernabilidad, la anarquía, el desorden, la impunidad y la corrupción que aquejan a las poblaciones de dichos países son el resultado de la incontrolable y creciente acción de la delincuencia organizada. 

De esa cuenta, se requiere apoyo para fortalecer el Estado de Derecho para combatir la delincuencia común y la transnacional (narcotráfico, lavado de activos, tráfico de personas y trata de seres humanos), así como para estimular el desarrollo económico y el progreso social, que, indudablemente, son los mejores alicientes para evitar y disuadir la emigración masiva de centroamericanos hacia México, EE. UU. y Canadá, así como toda la cauda de vicisitudes y distorsiones que esta supone. 

En todo caso, cabe traer a colación el Plan Colombia (Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado o Plan Colombia para la paz), que fue un acuerdo bilateral celebrado en 1999 entre los gobiernos de Colombia y EE. UU. Fue concebido para generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia antinarcótica, y sus resultados fueron muy satisfactorios. 

Por tanto, la precaria condición en que se encuentran los países del Triángulo Norte de Centroamérica les anticipa un futuro poco promisorio y desesperanzador, salvo que la comunidad internacional decida hacer una importante inversión fructífera de paz y prosperidad, estilo Plan Marshall o Plan Colombia, los cuales fueron factores determinantes en la recuperación de la Europa Occidental y de Colombia, toda vez que los catapultó hacia el desarrollo económico y el progreso social.