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Editoriales

Sin vacunas pero con requisitos para vacunarse

opinion

La vacuna contra el COVID-19 ni siquiera existe en el país pero ya se están creando los requisitos y trámites necesarios para que la población pueda acceder a ella. Es más, en estos momentos ni siquiera existen los fondos y el proceso de adquisición para la compra de la misma pero ya existe, por lo que se sabe, al menos un requisito no vinculado con criterios sanitarios: presentar el DPI al momento de la vacunación. A simple vista, un sencillo requisito que no debería representar ningún problema para ningún guatemalteco que cumpla con los criterios médicos que se han dispuesto para administrar la vacuna. Algún tipo de registro debe crearse para llevar el control de las personas que recibirán esta vacuna. No se puede criticar a los funcionarios del Ministerio de Salud por establecer un requisito de este tipo, salvo por el hecho que, para muchos guatemaltecos, obtener por primera vez o actualizar ese bendito documento puede representar un desafío bastante complicado. 

A pesar de las simplificaciones que el Renap ha puesto en marcha en los últimos tiempos, la obtención del referido documento sigue siendo un proceso que requiere que el solicitante realice físicamente el trámite correspondiente. Un pequeño requisito que, en la práctica, puede convertirse en toda una pesadilla para quienes se ven obligados a obtener o renovar ese documento. Según el propio Renap, cerca de un millón y medio de personas deberán renovar el DPI durante el 2021, a los que se suman todos aquellos guatemaltecos cuyo documento venció en los últimos años y no han renovado el mismo. Una demanda potencial de trabajo para el Renap que, irremediablemente, termina en interminables colas, aglomeraciones en los alrededores de las sedes de este registro, desesperación de los usuarios y, lo más grave desde el punto de vista sanitario, dificultad para hacer cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad. Resulta paradójico, pues, que el Ministerio de Salud, desde una perspectiva técnicamente justificable, termine provocando más aglomeraciones y relajamiento de las medidas sanitarias en los alrededores de las oficinas de este registro. Cómo mínimo, debería el Ministerio de Salud administrar la vacuna a personas de alto riesgo y trabajadores sanitarios aunque no tengan el DPI vigente; claro está, arriesgándose a algún tipo de sanción administrativa por parte de la Contraloría por no exigir documentos de identificación vigentes para prestar servicios públicos. Por supuesto, para que llegue el día cuando pueda exigirse el referido documento a quienes reciban la vacuna, primero tienen que asegurarse los fondos y adquirirse las vacunas.

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