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Editoriales

DESACTIVACIÓN DE TENSIÓN POLÍTICA

opinion

El viernes pasado, en una conferencia de prensa, el presidente Alejandro Giammattei, en compañía del vicepresidente Guillermo Castillo, agradeció los buenos oficios de la Misión Especial de la OEA en función de superar la crisis política surgida como consecuencia de la aprobación del proyecto de presupuesto estatal para el Ejercicio Fiscal 2021, expresó que el vicepresidente Castillo se integrará al proceso de evaluación del referido instrumento presupuestario, que, por cierto, fue aprobado a rajatabla por el Congreso y, posteriormente, archivado ilegalmente a instancias de la Junta Directiva del Legislativo, así como que Castillo coordinará el Gabinete que se formará para atender la reconstrucción nacional.

Por otro lado, Giammattei afirmó que se solicitará la renuncia de ministros (incluyendo al cuestionado ministro de Gobernación), viceministros, secretarios y subsecretarios de la Presidencia, a fin de que se pueda evaluar su gestión y, en caso esta no fuere satisfactoria, puedan ser sustituidos ipso facto, tal como lo demandó el vicepresidente Castillo en su oportunidad. Asimismo, el gobernante anunció que, a partir del 31 de diciembre de 2020, dejará de existir la Comisión Presidencial Centro de Gobierno (CPCG), bajo la conducción de Miguel Martínez, un controvertido colaborador cercano al mandatario, también solicitada por el vicegobernante, debido a su interferencia en la función constitucional que lleva a cabo la Vicepresidencia.

En todo caso, cabe advertir que la CPCG está calcada en la Comisión Interinstitucional de Cohesión Social (CICS), creada durante el régimen de Álvaro Colom (2008-12), bajo la conducción de la entonces esposa de Colom, Sandra Torres, cuya tarea era impulsar un masivo clientelismo político con miras a la perpetuación dinástica del régimen populista autoritario de Colom. Por cierto, ambas comisiones fueron señaladas de duplicación de funciones, manejo de fondos millonarios en un contexto de despilfarro, opacidad y corrupción, así como porque su diseño no se apega al marco constitucional. La CICS, en parte, actuó en la clandestinidad y nunca rindió cuentas de su gestión. Ojalá que esto último no se repita con la CPCG.

Recordamos que, en 2015, el diputado oficialista (UNE) durante el gobierno de Colom, Mario Taracena, hizo un ‘mea culpa’ al reconocer que bajo la gestión de Colom ocurrieron “cosas gruesas pero gruesas”, no solo por el descomunal desgobierno y corrupción, sino también por sus vínculos con el crimen organizado nacional y transnacional. Colom terminó su mandato con una popularidad de un tres por ciento.

Finalmente, el gobernante Giammattei abogó por el diálogo y prometió que serán establecidos conversatorios amplios y participativos, en la línea de lo que han sugerido varios analistas y opinantes, así como por la misma misión especial de la OEA.

Por cierto, la Misión Especial de la OEA, en un reciente comunicado, recomendó el diálogo a lo interno del gobierno y entre este y la población, así como mostró preocupación por la falta de designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, suspendida por la Corte de Constitucionalidad (CC) en septiembre de 2019, la necesidad de garantizar un procedimiento transparente para la renovación de la CC, sobre los criterios de competencia de la CC, así como por la ausencia de canales de comunicación adecuados entre las autoridades estatales.

En dos platos, debe reconocerse que la oportuna y pertinente intervención de la Misión Especial de la OEA salvó la coyuntura y, en principio, logró desactivar la crisis política surgida, aunque el descontento y la frustración popular siguen activos y desbordantes, por lo que corresponde al gobierno, en coordinación con las fuerzas vivas del país, iniciar el proceso de reforma del Estado y abordar, con eficiencia y eficacia, los problemas y necesidades de la población, sobre la base de un diálogo amplio y fructífero, así como de una “operación honestidad” en el manejo de la cosa pública.

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