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Editoriales

Gigantesco Presupuesto 2021

opinion

La semana pasada, el Congreso aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de Q99.7 millardos, que es el Presupuesto anual más elevado de la historia de Guatemala. De hecho, el Presupuesto del año pasado fue de Q87.7 millardos (un 13.7 por ciento de incremento), que, por razones de la pandemia del coronavirus (COVID-19), fue ampliado en Q20 millardos, por lo que el Presupuesto estatal de 2020 fue efectivamente de Q107.75 millardos, lo que supuso un endeudamiento público que elevó la relación deuda/PIB de 25 a 32 por ciento. El incremento del endeudamiento público conllevó la contratación de varios préstamos con la banca internacional y nacional, así como la autorización al Banguat para que prestara al Gobierno la suma de Q11 millardos, a través de la emisión inorgánica (billetes sin respaldo) por parte del Banguat, que redundó en la elevación de la tasa de inflación, por encima de la tasa de interés pasiva bancaria (de ahorro). 

El financiamiento del gasto público requerirá de un endeudamiento público de Q32.6 millardos, o sea el 32.6 por ciento del Presupuesto de gasto público, que seguramente será mayor dado que la recaudación tributaria proyectada será bastante menor, dadas las condiciones económicas prevalecientes. Esto supone una tremenda irresponsabilidad de parte del Minfin, de la SAT y del Banguat.

Ha causado indignación ciudadana tanto el techo presupuestario de Q99.7 millardos como el nivel de endeudamiento público requerido, que financiará el gasto de funcionamiento y de inversión, aunque técnicamente la deuda pública solamente debería apoyar el gasto en inversión. Dicha indignación se ha traducido en importantes protestas, plantones y demás expresiones de inconformidad.

Sin embargo, los militantes tributarios, obsesionados con que se aumenten los impuestos a la población, no les preocupa el techo de gasto público aprobado, aunque sí quisieran que el gasto se redistribuyera hacia otros renglones que a ellos les interesa, como clientelismo político y asistencialismo. Estos activistas consideran que el Banguat, a través de la emisión inorgánica (impresión de billetes sin respaldo), debiera ser el principal financista del gasto público que no sea cubierto por los impuestos. Por tanto, les tienen sin cuidado la inflación y la devaluación que genera la emisión inorgánica, al igual que ha venido ocurriendo en Argentina y Venezuela.

En nuestra opinión, el gasto público solo debería ser financiado con recursos orgánicos, es decir procedentes de la recaudación tributaria, basada en un régimen de legalidad justo y razonable, que no desestimule la inversión productiva, o en préstamos obtenidos en el sistema financiero nacional o internacional, en las mejores condiciones posibles en cuestión de amortización y de servicio de la deuda. Sin duda, este financiamiento siempre debe estar en función de la capacidad de pago del Estado, la cual debe apreciarse al analizarse y proyectarse los ingresos públicos.

De cualquier manera, no creemos en un Estado grande y disfuncional, sino que en un Estado adecuado y funcional. Asimismo, sostenemos que en estos momentos de pandemia y de desastres naturales el Gobierno debería regirse por un Presupuesto programático y no por uno por partidas, adoptar políticas públicas de austeridad, disciplina fiscal, equilibrio presupuestario y calidad de gasto público, en vez de abrazar un Presupuesto desfinanciado y una gestión caracterizada por el desorden financiero, la ausencia de control de la discrecionalidad administrativa y la falta de eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.

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