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Editoriales

Otro presupuesto dispendioso para el Legislativo

opinion

El pasado martes 17, el Congreso, con el voto favorable de 125 diputados, aprobó, de urgencia nacional, su propio presupuesto para 2021, por la suma de Q1,068.6 millones. Dentro de la cifra de gasto público asignada al Congreso se incluyen Q13 millones para el Parlamento Centroamericano (Parlacen), que, por cierto, el presidente Alejandro Giammattei ha demandado que debe reformarse o cerrarse, y Q100 millones para el Procurador de los Derechos Humanos.

En todo caso, el Congreso se autoasignó un incremento presupuestario de Q154.6 millones, que no es congruente con la exigencia ciudadana de que el Legislativo debe convertirse en un organismo eficiente y financieramente liviano, ni con la baja de ingresos fiscales derivada de las calamidades públicas que está viviendo la sociedad guatemalteca.

De hecho, la ciudadanía ha venido demandando que se reduzca a la mitad el actual número de diputados, es decir de 160 a 80, por medio de una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Dicha reducción redundaría en un sustancial ahorro para el Estado en materia de sueldos, gastos de representación, gasolina, alquileres, vehículos, asesores, asistentes, seguridad, viajes, viáticos, transporte, comida y demás para los congresistas. También la burocracia y los gastos administrativos del Congreso disminuirían con la revisión del gigantesco pacto colectivo de condiciones de trabajo. Este ahorro (por lo menos en un 70 por ciento de lo que se gasta actualmente) podría destinarse a fortalecer los servicios públicos esenciales, así como a la asistencia y apoyo a las víctimas de los desastres naturales.

Por otro lado, en reiteradas oportunidades, hemos demandado ahorros y reintegros al erario mediante: (i) La desvinculación del Estado de Guatemala del Tratado del Parlacen; (ii) La devolución de todas las indemnizaciones pagadas ilegalmente a exfuncionarios que se desempeñaron para cumplir periodos fijos de funciones, sin que hayan sido despedidos injustificadamente; (iii) La supresión de asesores en el sector público; (iv) La eliminación de las transferencias a las oenegés de los diputados constructores que provienen del presupuesto de Q1.7 millardos asignado al Listado Geográfico de Obras; y (v) La reducción de los suntuosos sueldos de los altos funcionarios del Estado (Junta Directiva y Presidentes de Comisiones del Congreso, Presidente y Vicepresidente de la República, ministros, secretarios de la Presidencia, miembros de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, presidentes de bancos, comisiones presidenciales y entidades descentralizadas y autónomas, registradores, Contralor de Cuentas, Procuradores General y de los Derechos Humanos, magistrados, diputados, etcétera), entre otros. Esto es pertinente hoy más que nunca, considerando los efectos de la pandemia de COVID-19, así como de los desastres naturales, como ya indicamos.

Ante el descomunal e insultante presupuesto del Congreso para el año 2021 de Q1,068.6 millones, aprobado la semana pasada, además de expresar nuestra profunda indignación, solicitamos al Ministerio Público, cuya función principal es velar por el estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes, que accione legalmente ante los tribunales de justicia para que se deje sin efecto dicho instrumento financiero.

 

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