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Editoriales

Una presidencia inestable en Perú

opinion

El lunes 9 de noviembre, el Congreso de Perú declaró la “permanente incapacidad moral” del presidente Martín Vizcarra, en el juicio político abierto en su contra. El desconocimiento de Vizcarra ocurrió cinco meses antes de la celebración de elecciones.

Vizcarra asumió como presidente de Perú después que se aceptó la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, de quien fungió como primer vicepresidente.​ Fue juramentado y tomó posesión como presidente ante el Congreso el 23 de marzo de 2018.

Cabe recordar que el exgobernante Kuczynski como consecuencia de un escándalo de corrupción en torno al caso Odebrecht; y, asimismo, que se encuentran sujetos a proceso penal los expresidentes Ollanta Humala (2011-6), por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita, y Alberto Fujimori (1990-2000), por violaciones a los derechos humanos. También se encuentra pendiente de ser extraditado de EE. UU. el expresidente Alejandro Toledo (2001-6), por el delito de lavado de activos.

Asimismo, el expresidente Alan García (1985-90; 2006-11) se suicidó el 17 de abril de 2019, cuando iba a ser capturado como consecuencia de un escándalo de corrupción.

La llamada “moción de vacancia” en contra de Vizcarra fue aprobada en el Congreso de Perú con 105 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones, superando el número de sufragios exigidos por la Constitución (87 de 130 diputados). La iniciativa fue impulsada con base en acusaciones de corrupción en su contra, por supuestos ilícitos penales ocurridos durante su período como gobernador de la provincia sureña de Moquegua (2011-4), extremo que supone que lo más probable es que Vizcarra sea incriminado penalmente después de haber dejado la presidencia.

En todo caso, el Artículo 115 de la Constitución de Perú establece que ante el “impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso”. De esa cuenta, Manuel Merino, presidente del Congreso, juró como presidente de Perú. Sin embargo, la brutal represión ocurrida el sábado pasado en contra de protestas ciudadanas por el advenimiento de Merino, consecuencia de la cual fallecieron dos jóvenes, provocó que el nuevo presidente del Congreso, Luis Valdez, pidiera la renuncia a Merino. Este renunció el domingo pasado y lo sucederá Francisco Sagasti Hochhausler, quien fue elegido previamente como presidente del Congreso, hasta completar el actual período presidencial que vence en julio del próximo año.

En suma, todos los gobernantes peruanos, desde 1985, han resultado imputados por la comisión de delitos, lo que significa durante los últimos 35 años la presidencia, en el caso más benigno, ha sido usufructuada por el presidente de turno, en tanto que, en los casos más graves, ha sido abusada y escandalizada por el gobernante. Sin duda, los últimos acontecimientos han sido devastadores para la clase política peruana.

En todo caso, se espera que el gobernante que surja de los comicios que se celebrarán el 11 de abril de 2021, sea capaz, probo, idóneo y comprometido con el bien común y el interés general. Asimismo, debe esmerarse en servir a su país y no que se sirva para sus intereses personales del ejercicio del poder público.

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