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Editoriales

Elección de magistrados

opinion

No es ocioso recordar que el legislador constituyente cuando creó las Comisiones de Postulación lo hizo con las mejores intenciones: que los elegidos para los cargos de magistrados de las cortes Suprema y de Apelaciones (también el Tribunal Supremo Electoral) fueran los profesionales del Derecho más honrados, idóneos y capaces. Las primeras Comisiones de Postulación realizaron su trabajo sin que existiera Ley alguna, salvo la norma constitucional que las creó. Todos recordamos aquellas Cortes y TSE integradas por los juristas más notables, probos y capaces. Lamentablemente, lo que al comienzo fue limpio, discreto y transparente, se convirtió por obra de los abogados, decanos y magistrados, todos abogados, en actos espurios, repugnantes, sucios e inmorales: un verdadero escándalo que ha puesto al desnudo la catadura humana, ética y moral de estas personas; salvo, por supuesto, honrosas excepciones. Es difícil entender y aceptar que personas con una formación profesional, que ocupan o han ocupado cargos en la academia, que se supone, poseen una cultura general que no tiene el común de las gentes, con una capacidad de razonar y entender la gravedad, responsabilidad y trascendencia de la misión para la que fueron designados o elegidos; sirvan cual títeres, sin ningún respeto por ellos, ni por su familia ni por la sociedad, al servicio de oscuros e inconfesables intereses de personajes (por el desprestigio que los acompaña como su sombra) indeseables cuya trayectoria riñe con los más elementales principios de dignidad, decoro y decencia. Tanto quienes han integrado las Comisiones de Postulación, como los diputados, con conocidas excepciones; están en connivencia y perverso contubernio para nombrar, que no elegir, a personas que no tienen ningún compromiso con la justicia, pero sí con la impunidad.

Si la resolución que ordena a los diputados elegir a los magistrados; cuyo contenido es confuso o ambiguo, se les está dando argumentos a ese hatajo de pícaros, taimados, para elegir a quiénes les conviene y cuándo les convenga, arguyendo cualquier causa o razón para irrespetar el procedimiento y plazos señalados; y continuar con este estado de cosas que solo a ellos beneficia. Es tanto como darle al ladrón las llaves. Finalmente, no acatar las resoluciones de los jueces, es constitutivo, según el caso, de una conducta delictiva que se denomina “desobediencia punible” artículo 420 del C. Penal.

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