Agradecemos a ´elPeriódico´ por el apoyo que han dado desde el año pasado cubriendo el drama de no implementar el seguro obligatorio en Guatemala tras 23 años de que la Ley lo ordenara. En esos años, con base en estadísticas, aproximadamente un millón de personas, en mayoría pobres, fuimos víctimas directas e indirectas (muertos, mutilados, heridos, familiares) de su incumplimiento. 23 años en que los responsables, salvo excepciones, no han compensado ni ayudado a nadie: incluido cuando el 28 de marzo de 2019 en Nahualá un camión mató a 19, incluida mi esposa, mamá de tres nenitas.

Y decirles: los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país: en  promedio siete muertes diarias y 19 heridos / mutilados. Este año se publicó el Acuerdo Gubernativo 17-2020 que regula la obligación de contratar seguro a favor de terceros y ocupantes a todos los vehículos de uso comercial, carga y pasajeros. ¿Acaso no será nefasto, que por un lado el gobierno nos lleve a gastar en defender la vida y la salud del COVID-19 miles de millones de quetzales, más otros miles de millones que estamos “apretando” ricos y pobres; mientras a la segunda causa de muertes (superior al virus) no se le dé plena importancia siendo su costo ínfimo? El gobierno fijó un parámetro sobre la importancia y prioridad que tiene la vida. Entonces, ¿acaso no es 23 años, a razón de siete muertos diarios, suficiente sangre, dinero y dolor pagados por miles y miles de familias para que el Mingob haga efectivo un derecho que protege a 17 millones de guatemaltecos, de los que nueve millones transitan en carreteras diariamente?