Aura Leticia Juárez / Gerente General Sigma Constructores, S.A.

En su columna publicada el 9 de los corrientes, en el párrafo que nos atañe, usted usa términos y expresiones deleznables, que causan daño al mezclar eventos, entidades y personas totalmente ajenos. Por ello no dudamos de la necesidad imperiosa de esclarecer sus señalamientos, mediante la publicación de la presente como manda la ley de la materia, por cuanto el préstamo al que usted alude es fuente de financiamiento para un contrato preexistente que suscrito con las limitaciones financieras de aquel momento, tres administraciones de gobierno atrás, es un compromiso de Estado, sin colusión con nadie y tampoco un contrato a dedo de la anterior administración, como también usted afirma. Y que en términos de un decreto del Congreso de la República que aprueba un préstamo que designa al contratista, tampoco es un caso único aunque este, de manera inexplicable, ha merecido tanto denuesto de su parte.

Basta con ingresar al portal Guatecompras y leer la cláusula Primera: antecedentes y base legal del contrato del proyecto referido, para constatar lo antes dicho y enterarse, paso a paso, de un largo proceso administrativo-legislativo –que sí que es relevante subrayar, que la contratación no fue producto de decisiones unipersonales, sino de un Decreto del Congreso de la República aprobado por la casi totalidad de diputados–, proceso que desde que la bancada de desarrollo aprobó el crédito destinado al proyecto, hasta suscribir y aprobar el contrato en 2014, vio transcurrir más de dos años de actuaciones de múltiples dependencias de diferentes disciplinas, evidenciándose un celoso apego a los procedimientos establecidos en las leyes del país.