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Columnistas

Izquierdos humanos

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EL BOBO DE LA CAJA

Me dijo hace poco un amigo de cuna liberacionista, formación marroquiniana y fe infinita en la empresarialidad: “Los únicos derechos humanos que reconozco son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Al resto yo no los llamo derechos, sino izquierdos humanos”.

Su enunciado, además de causar gracia, podría tener cierta congruencia si no fuera porque, ya a la hora de rajar ocote, cuando todas esas garantías de las que él reniega benefician al poder establecido (empresarios con reparos legales, funcionarios de gobierno presos por estafa, militares en la picota por su participación en masacres, abogados con arresto por facilitar delitos, corporaciones intervenidas, bienes embargados), resulta que siempre sí, que la obligación del Estado es garantizarle a todos sus ciudadanos “el debido proceso”.

¿En qué quedamos, entonces? El doble rasero destaca pintoresco y obvio como cáscara de frijol en la sonrisa. Más que sólo hipocresía, semejante postura ante la realidad delata una idiosincrasia tortuosa que concibe la justicia como prerrogativa sujeta a filtros de idoneidad, es decir, aplicable no a cualquiera sino sólo a aquellos que lo merecen: ‘los buenos guatemaltecos’, ‘la gente de bien’.

Y claro, resulta que la gente de bien son ellos mismos… y quienes les menean obedientemente la cola. Demandar que se le respete “el debido proceso” a todos por igual equivale a traicionar un principio siniestro del que no quieren desprenderse: la discrecionalidad. Es así como los vemos lucirse desplegando extravagancias tales como, por ejemplo, denunciar el maltrato contra los animales mientras en silencio fantasean con el aniquilamiento de los indígenas y en voz alta se pronuncian a favor de quemar vivos a todos los mareros.

Desde que el MP y la CICIG emprendieron esta suerte de cacería de brujas, me inquieta no tanto el curso, sino el cariz que está tomando la justicia conforme van revelándose más y más casos de corrupción. Digo que no es el curso de la justicia lo que me aflige porque, en última instancia, si alguien comete un delito lo que procede es responder ante la ley y asumir las consecuencias. En eso consiste ser adulto, ¿no?

(Concedo, eso sí, un punto a favor de los que critican esta nueva Santa Inquisición a la tórtrix: alguna vez comenté que el sesgo detrás de toda cruzada contra la impunidad se establece en razón de quiénes son los delatados… y, sobre todo, en razón de quiénes no están siéndolo. ¿A quién pretende engañar Iván Velásquez llevándoselas de imparcial? Nadie lo es. La ecuanimidad es una entelequia insostenible, máxime en el campo minado de las relaciones de poder).

El cariz que está tomando el proceso de depuración del sistema, en cambio, pienso que sí merece reflexionarse. ¿Qué entendemos por justicia? La mayoría de guatemaltecos conservamos aún, como resabio de nuestra tradición autoritaria, esa idea de justicia como sinónimo de castigo. Mientras el culpable purgue en vida una a una sus bajezas los Torquemadas de la decencia, envenenados de rencor, respiran satisfechos. O así pareciera.

Fuera del marco queda la reparación a las víctimas y, sobre todo, la instauración de un balance mínimo –con sus pesos y contrapesos– capaz de asegurar que la sociedad en su conjunto coexista de un modo más o menos funcional: convivir con el otro, no derrotarlo, ni mucho menos aniquilarlo.

Me temo que ni la izquierda ni la derecha vislumbran esa posibilidad en su horizonte.

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