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Columnistas

Sobre el pluralismo jurídico

opinion

Lado b

El pluralismo jurídico no es una invención de tres o cuatro izquierdistas desestabilizadores, sino una manera de impartir justicia que puede rastrearse desde la época colonial. Es más, si hoy por hoy Guatemala no se ha convertido del todo en un caos absoluto y total, es en buena medida debido a esto. A la capacidad de algunas autoridades legítimas, comunales y locales, para implementar el orden y la seguridad que no proporciona el Estado o para manejar situaciones que se tornan incomprensibles para el derecho común, comenzando por el idioma en que son narradas y/o juzgadas. Porque una cosa es la Guatemala multicultural de los anuncios turísticos, la que genera divisas, color local y sentimentalismo patriotero, y otra muy diferente la Guatemala real en donde cualquier tipo de diversidad se convierte en una amenaza para el statu quo. La justicia indígena tiene una larga tradición cohesionadora y estabilizadora, en un país signado por el abandono. Porque de eso se trata al final, de instituciones nacionales –de justicia, de salud, de seguridad, de educación…– que han abandonado a sus ciudadanos, sobre todo a los más desfavorecidos, o de instituciones que no han querido incorporar a todos los guatemaltecos por igual. Esa “diferencia de trato” que se convierte en idiosincrasia y casi en política de Estado. Por un lado los privilegiados y, por el otro, los que no lo somos. Aquellos para los cuales el acceso a la justicia o a la salud se vuelve un trámite demencial.

Si miles de guatemaltecos pueden encontrar respuesta en sus autoridades comunales, no veo donde está la razón de la división y el conflicto. Hay aquí otra diferencia digna de tomar en cuenta y es la de la legitimación. Mientras la mayoría de las autoridades locales son elegidas por el consenso, y responden a condiciones como la antigüedad, la sapiencia, el conocimiento, la ética de sus acciones… muchas de las autoridades políticas, estatales, se eligen por eso que llamamos liderazgo, que en definitivas cuentas se traduce en la capacidad y el dinero para comprar voluntades o para acarrear gente el día de las elecciones. No estamos hablando de un país dividido, ni de dos, tres o 20 Guatemalas, sino de una Guatemala diversa que frente al abandono de sus instituciones busca otras formas de acceder a la justicia. Entendamos justicia como “principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde”, es decir, como la define literalmente el diccionario, y no como la arbitrariedad sicótica de aplicar castigos a quien no se comporta, piensa o habla como nosotros.

Hay una tendencia retorcida y malsana a concebir la justicia indígena como sinónimo de linchamiento, como una práctica de salvajes que no pueden resolver sus conflictos si no es por medio de la violencia y la brutalidad. ¿Ignorancia, mala fe, desinformación para asustar a las clases medias? Un poco de todo, diría yo. Sobre todo el miedo y el rechazo hacia el otro, el no querer legitimar, darle un peso constitucional, a una voz cuya contribución a la paz y la estabilidad nacional es innegable. Hay comunidades en donde se aplican los azotes como método de corrección, de acuerdo. El castigo, por supuesto, tiene algo o mucho de bárbaro y definitivo. Aunque, a decir verdad, qué es más deshumanizado y salvaje: darle 20 bejucazos a un joven que cometió una falta contra la comunidad sin consecuencias criminales o condenarlo a la vejación y a la tortura permanentes en una cárcel del sistema, en donde el Estado no puede ni por asomo garantizarle un mínimo de rehabilitación y de seguridad si no tiene los medios para pagarlo.

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