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Columnistas

Chomsky y la guerra contra las drogas

opinion

EL BOBO DE LA CAJA

El combate al narcotráfico en Guatemala, impulsado por el Tío Sam a través de ese engendro llamado Alianza para la prosperidad del Triángulo Norte de la América Central, se inspira en dos experiencias anteriores de índole similar: el Plan Colombia (1999) y el Plan Mérida (2008).

¿Cuáles fueron esas experiencias? ¿Pueden calificarse de positivas? Empezaré refiriéndome a la primera de ellas. En otra ocasión abordaré los efectos de la segunda.

Un estudio, financiado por el ejército de los EE.UU. y la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, estableció que los fondos gastados en el tratamiento de adictos fueron 23 veces más efectivos que el “control del país de origen” (Plan Colombia), 11 veces más efectivos que la limitación de la oferta y 7 veces más efectivo que la ejecución de leyes punitivas. Esta información la obtuve leyendo a N. Chomsky.

Mientras el combate en Colombia estaba siendo preparado por el equipo de B. Clinton, funcionarios de alto rango de su gobierno discutieron una propuesta de la Oficina de Presupuesto y Administración consistente en tomar 100 millones de dólares (de los 1,300 millones entonces destinados a ese país) y emplearlos para el tratamiento de los adictos estadounidenses.

Hubo una oposición casi unánime y la propuesta fue dejada de lado. En contraste, la política de R. Nixon en 1971 consistió en erogar dos tercios de los fondos para tratamiento, que estuvo disponible para un número récord de adictos. Ello produjo una dramática reducción en los arrestos relacionados con drogas y en el número de presos en prisiones federales, así como en las tasas de delitos.

Desde 1980, sin embargo, la guerra contra las drogas ha sufrido un viraje hacia el castigo a los delincuentes, la vigilancia en las fronteras y el combate a la producción en los países de origen. Una consecuencia es el enorme incremento en delitos, muchas veces sin víctimas, relacionados con la droga y un crecimiento explosivo en la población carcelaria, llegando a niveles muy por encima de cualquier país industrializado y sin efecto perceptible sobre la disponibilidad o el precio de las sustancias ilícitas.

Queda claro entonces, por un lado, a) que el enfoque vigente falla estrepitosamente en el intento de alcanzar sus fines declarados y, por otro lado, b) que la raza de políticos a cargo de resolver el problema destaca entre los sectores más renuentes a ensayar caminos distintos.

A manera de remate consideremos lo siguiente: el número de colombianos que mueren por consumir drogas elaboradas en Estados Unidos es superior a la cantidad de estadounidenses que mueren por la cocaína, y es mucho mayor en relación a la población.

Nuestros países son empujados no sólo a aceptar estos productos (tabaco, alcohol, bebidas carbonatadas y refrescos abundantes en azúcar), letales aunque permitidos, sino además su publicidad, bajo amenaza de sanciones comerciales.

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