Sábado 19 DE Septiembre DE 2020
Opinión

Luis Miguel Martínez y su acuerdo hecho a la medida

Giammattei le hizo un acuerdo gubernativo a la medida cuyas funciones son las que según la Constitución, le competen al Vicepresidente de la República.

Fecha de publicación: 17-09-20
Por: Carlos Menocal

La imagen de la captura del periodista Sonny Figueroa me ha indignado y motivado a escribir esta columna con la óptica de exfuncionario de Gobierno y la experiencia vivida como periodista en los medios ‘elPeriódico’, ‘Siglo XXI’, ‘Emisoras Unidas’ y ‘Prensa Libre’.
¿Hasta dónde llega la vida privada de un funcionario? ¿Hasta dónde un periodista puede investigar actos públicos o privados de un funcionario? Se debe ejercer el periodismo de investigación y la fiscalización desde que un funcionario hace “malabares” o leyes a capricho para complacer a íntimos colaboradores suyos y ello afecte, intervenga, interfiera, provoque efectos en la gestión pública y que ponga en detrimento o en riesgo los intereses de la población. Eso es lo que justamente hizo el presidente Alejandro Giammattei para beneficiar a su allegado Luis Miguel Martínez Morales.
El 27 de enero Giammattei firmó el Acuerdo Gubernativo 31-2020 que le daba vida a la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno como parte del Organismo Ejecutivo y dependencia de la Presidencia de la República.
Según el Acuerdo, el objeto del Centro de Gobierno es coadyuvar en la coordinación, acompañamiento, asesoramiento, verificación en materia de planificación, gestión y ejecución institucional para el cumplimiento de las prioridades presidenciales, así como informar la autoridad superior de la ejecución de las mismas y contribuir en el desarrollo de la modernización y fortalecimiento del Organismo Ejecutivo.
Esa Comisión la integra el Ministro de Finanzas (Minfin), el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, el Secretario General de la Presidencia, Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción y el Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno –Martínez-.
El Acuerdo establece que el Director Ejecutivo gestionará ante el Minfin la asignación presupuestaria para el cumplimiento de sus funciones y podrá recibir aportes y donaciones de cualquier naturaleza de organismos nacionales o internacionales.
A Martínez le hicieron un traje legal a la medida y es en la vida real y en la práctica cotidiana un “principito” a quien los funcionarios deben de rendirle cuentas. Es más, hay personas delegadas en los ministerios por parte del Centro de Gobierno. Las incomodidades de los ministros son cada vez más evidentes y ha llegado a tensar las relaciones. Eso definitivamente afecta el desarrollo de la política pública.
El Acuerdo creado a favor de Martínez riñe con la normativa pues las funciones del Centro de Gobierno son responsabilidades directas del Vicepresidente de la República, según la Constitución Política de la República.
Y dado que le crearon un marco jurídico para ajustarle su plaza y que a su vez maneja un presupuesto y recursos públicos, Martínez está en la obligación de rendir cuentas no solo ante la Contraloría General de Cuentas, sino ante el Congreso de la República, ante la ciudadanía y por supuesto ante la prensa.
Mi solidaridad para con los periodistas Figueroa y Marvin del Cid quienes han evidenciado en este caso acciones de nepotismo y tráfico de influencias y ello no se enmarca dentro de la vida privada de cada persona.
Martínez pretende que la justicia guatemalteca le ampare y le proteja ante la fiscalización de la Contraloría, pero su capricho es uno y la ley es otra. No hay poder superior que la fiscalización y la rendición de cuentas.