Domingo 27 DE Septiembre DE 2020
Opinión

Presupuesto programático del Estado

La burocratización es creciente.

Fecha de publicación: 10-08-20
Por: MARIO FUENTES DESTARAC

Conforme a la Constitución, el Presidente de la República, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), debe someter al Congreso, para su aprobación antes de 30 días de entrar en vigencia (30 de noviembre), con no menos de 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal (1 de septiembre), el proyecto de presupuesto para el año siguiente que contenga, bajo una estructura programática, los ingresos y egresos estatales.

Como se sabe, cada año los expertos del Minfin elaboran el proyecto presupuestario, para el ejercicio fiscal del año siguiente, que, en realidad, es una suerte de presupuesto del Organismo Ejecutivo con anexos (aportes) y no un presupuesto consolidado del Estado, extremo que contraviene la Constitución.

Asimismo, la propuesta presupuestaria anual es esencialmente la misma que se presentó para el ejercicio fiscal anterior, solo que en las respectivas partidas siempre se incorporan cifras mayores, especialmente aquellas que revisten interés político. Además, los rubros presupuestarios siempre se ajustan, a partir de los egresos asumidos y no de los ingresos estimados, lo cual, además de antitécnico, siempre anticipa un déficit fiscal mayor al proyectado.

Además, aunque la Constitución dicta que la estructura del presupuesto debe ser programática y que el instrumento presupuestario debe expresarse por programas (proyectos y planes), en realidad lo que se reedita anualmente es un presupuesto por partidas. Luego, los supuestos objetivos, premisas, metas y resultados estratégicos esperados no son los que originan las partidas, los espacios y los créditos presupuestarios. En la práctica, lo que se autoriza es un techo máximo de gasto público y no la asignación de recursos a programas, que siempre es susceptible de elevarse, mediante ampliaciones. Además, el sistema presupuestario tolera reprogramaciones y transferencias de partidas y fondos, mediante acuerdos gubernativos o ministeriales.

Lo anterior sin perjuicio de que los ingresos fiscales siempre se sobreestiman, por lo que el déficit fiscal también se subestima, dando pie a desequilibrios financieros, que terminan financiándose a través de la contratación de más deuda pública, de cargar con más impuestos a la población o, como ocurrió este año, a base de emisión monetaria inorgánica, cuyo desenfreno fue causa de inflación y devaluación en la década perdida (1980).

Por otro lado, el gasto de inversión del Estado se ejecuta con dificultad y el gasto de funcionamiento aumenta incesantemente debido principalmente: 1) A la creciente e incontrolable burocratización; 2) Al obligado cumplimiento de los expansivos pactos colectivos de condiciones de trabajo en el sector público; 3) A los opacos y discrecionales fondos sociales y fideicomisos de ejecución de gasto público; 4) A los progresivos e irracionales programas clientelares; 5) A la corrupción endémica; y 6) Al inescrutable “fondo común”, que es un verdadero “agujero negro”, en el que terminan los ingresos presupuestados no erogados.

No es un secreto que los expertos del Minfin asumen como un paradigma presupuestario que el gasto público es inercial, o sea que aumenta progresiva e ilimitadamente, sin importar que las expectativas económicas del país sean positivas o, como en la actualidad, negativas.

Por otro lado, los principios de disciplina fiscal y equilibrio presupuestario, que proscriben el déficit fiscal (exceso de los gastos sobre los ingresos), no son observados en la construcción del presupuesto estatal. Por el contrario, se asume la existencia de un creciente déficit fiscal como algo normal, sin reparar mucho en que para financiarlo deba recurrirse a más endeudamiento público orgánico, a la emisión monetaria inorgánica, a decretar más impuestos o a extraer dinero de los contribuyentes a través del atajo ilegal de cobrar tributos por la vía penal. Por supuesto, a los gastadores les tiene sin cuidado que el Estado no tenga capacidad de pago para cubrir sus obligaciones sin forzar una anormalidad financiera, que se desestabilice el sistema de precios o que la economía esté estancada o en declive.