Lunes 10 DE Agosto DE 2020
Opinión

¿Quo Vadis CACIF?

Se cayó la imagen.

Fecha de publicación: 13-07-20
Por: Édgar Gutiérrez

El CACIF atraviesa sus peores años de imagen política desde que se inauguró el periodo democrático. Consistentemente, a partir de 2017 su calificación en las encuestas de opinión pública ha bajado de manera notoria. No se trata de la desaprobación general de quienes llevan a cabo actividades empresariales, pues varios estudios diferencian en sus consultas entre “empresarios” y “CACIF”; los empresarios están calificados por arriba de la media, mientras que CACIF está bastante por debajo.

La explicación más a la mano sobre el deterioro de la legitimidad del comité que coordina las cámaras empresariales, se asocia a una serie de casos penales (cohecho, financiamiento ilícito y otros delitos) que los fiscales del MP y la CICIG presentaron a los tribunales desde mediados de 2016. En esos procesos se presentó formal acusación contra empresarios prominentes, lo cual no tenía precedentes en Guatemala.

Algunos de los señalados aceptaron ser culpables, otros aún permanecen prófugos, y un tercer grupo, el más conservador y poderoso, contraatacó. Excepcionalmente las fiscalías solicitaron intervenir las empresas. Por lo regular se enfocaron en las responsabilidades individuales, de acuerdo a los niveles de mando en las operaciones comerciales.

Quizá ni la mayoría de los empresarios involucrados penalmente tenían sus compañías suscritas en las cámaras de CACIF, y muy pocos ocupaban o habían ocupado cargos directivos recientemente. A simple vista  CACIF salía ileso, y como no se trataba de defender los asuntos gremiales o de interés nacional, tampoco hubo una exposición de la marca, aunque ‘sottovoce’ el dato era que los jefes, quienes desde hace un par de décadas ya no ocupan cargos en el directorio, estaban más que irritados por la afrenta de la justicia.

Mi hipótesis es que no solo las diversas elites del país entienden o deducen sobre las dinámicas internas del poder, y del poder empresarial, particularmente. La gente de a pie, que es mayoritariamente consultada en los estudios de opinión, las olfatea a la perfección, aunque, por ahora, parece indiferente. Edelberto Torres-Rivas decía que “el CACIF ha sido desde mediados del siglo XX el partido político de los empresarios”. Al parecer el imaginario popular está haciendo las equivalencias, y lo sabemos: los partidos (tampoco los sindicatos notorios de trabajadores del sector público) para nada gozan del aprecio del público.

Ahora bien, CICIG ya no existe. La CSJ, que ejerce interinamente como ninguna, se salió enteramente del closet: está casi al ciento por ciento al servicio del “Pacto de Corruptos”. El presidente Giammattei considera que el MP es su aliado estratégico. Está a la vista que el “Pacto de Corruptos” dominará la integración de todas las Cortes en el sistema de justicia.

Con esa relación de fuerzas tan marcadamente favorable, ¿por qué ahora el CACIF se expone abiertamente ante lo que la opinión pública –ya no solo local, a juzgar por pronunciamientos escritos y verbales, desde Washington y varias capitales europeas- califica como un atentado contra la independencia de jueces, la columna vertebral del Estado de Derecho, la clave para calificar mercados de inversión extranjera y proveedores de materias primas internacionales?

Aunque no fue visible, el manejo de la crisis CICIG le trajo al CACF socios no deseables y que hasta entonces había repudiado. Era un costo que, desde la perspectiva teórica de algunos los grandes capitales, era inevitable, pero debía mitigarse. Pero ahora, al revés, lo está profundizando con militancia en una alianza implícita con el “Pacto de Corruptos”. CACIF está caminando en un sentido contrario a la sociedad que quiere renacer luminosa, con lecciones aprendidas, tras superar el ciclo de la pandemia. Y esta contrariedad no es buena noticia para Guatemala.