Lunes 10 DE Agosto DE 2020
Opinión

La ley no es letra muerta

“El derecho es vida humana objetivada”.

Fecha de publicación: 13-07-20
Por: MARIO FUENTES DESTARAC

Algunos acusan a los defensores del régimen de legalidad de “legalistas”; y, asimismo, se burlan de que estos demanden el respeto y la plena observancia del texto legal, sin excepciones, así como, con clara vocación contraculturalista, afirman que las leyes son “letra muerta”.

El imperio de la ley supone la plena vigencia de las leyes; y, asimismo, la sujeción por igual a ellas tanto de gobernantes como gobernados, sin privilegios ni discriminaciones de ningún tipo. Bajo el imperio de la ley, los mandatos de esta deben ser respetados, acatados, observados y no discutidos. Las leyes tampoco deben ser puestas en tela de duda ni enjuiciadas, sino que deben cumplirse, aplicarse, así como juzgarse según ellas.

En tanto esté vigente, la ley es infalible, debe observarse y hacerse valer por el Estado. El Organismo Ejecutivo debe velar por el cumplimiento de la ley, en tanto que el Judicial, a través de los tribunales de justicia, debe restablecer, con absoluta imparcialidad e independencia, la soberanía de la ley, lo que supone su aplicación eficaz. Asimismo, corresponde a la jurisdicción constitucional preservar los principios de supremacía constitucional y separación de poderes.

Cuando no rige el imperio de la ley, entonces se abre la puerta a la anarquía, a la discrecionalidad y al abuso de poder, así como al caos resultante del vacío de autoridad, que se traduce en impunidad, arbitrariedad, subversión, así como en despotismo. “Cuando la ley acaba, comienza la tiranía”, dice Bernardino Rivadavia.

Por supuesto, las leyes pueden ser enmendadas sustituidas o derogadas, cuando las mismas no sean adecuadas (generales, abstractas, impersonales, razonables, irretroactivas), no protejan los derechos fundamentales o no estén orientadas al bien común. Eso sí, mientras las normas jurídicas estén vigentes, no pueden ser incumplidas apelando, por ejemplo, a objeciones de conciencia, ni tampoco omitidas, tergiversadas o inaplicadas atendiendo a intereses creados, criterios antojadizos o justificaciones ideológicas o políticas.

Si alguien no está de acuerdo con la vigencia de una ley, lo procedente es que promueva su reforma o supresión, a través de los canales legítimos, pero mientras esto no ocurra, todos, gobernantes y gobernados, deben cumplirla.

Por otro lado, el juez es el único que puede interpretar la ley en el caso concreto, exclusivamente para aclarar términos oscuros o confusos, así como integrarla cuando existan lagunas legales, en el marco del debido proceso y de las garantías procesales (legalidad, contradicción, defensa, presunción de inocencia, igualdad, celeridad, legitimación del juez).

Lo anterior sin perjuicio de que siempre se puede deducir responsabilidades legales en contra de los jueces, conforme a la Constitución y la ley, si estos dictan resoluciones ilegales o actúan con real malicia, en fraude de ley o con abuso de autoridad, parcialidad o dilación, sea durante el desempeño de sus cargos o después de que cese su función jurisdiccional. Esta “espada de Damocles” desalienta cualquier pretensión de imponer un “gobierno de los jueces”, cuya finalidad perversa es limitar, menoscabar o negar el “gobierno de la ley”, así como disuade a los jueces de la tentación de politizar la justicia y judicializar la política.

En conclusión, bajo una democracia institucional, el Derecho, en palabras del maestro Recaséns Siches, es “vida humana objetivada (…) Es esencialmente una forma de vida humana de carácter social, con pretensión normativa referente a la exterioridad de la convivencia y cooperación colectiva, con mando de imposición inexorable”. Luego, el ordenamiento jurídico vigente es, como afirma dicho doctrinario, cristalización de pensamiento vivo, por lo que no puede asumirse como “letra muerta”, susceptible de ser despreciado o burlado.