Sábado 15 DE Agosto DE 2020
Opinión

¿Un orden jurídico sin Constitución?

El juez constitucional no puede enjuiciar la Constitución.

Fecha de publicación: 06-07-20

El juez constitucional, según los post-constitucionalistas, puede “actualizar” la Constitución cuando el momento o las circunstancias lo requieran. Esta potestad de actualización supone la aptitud de convertir una Constitución que, a juicio del juez, es anticuada, desfasada o inadaptada, en una Constitución nueva, adecuada, conveniente o pertinente; en dos platos, la posibilidad de ponerla al día, de “modernizarla”.

De ahí que el juez, al dictar su fallo, puede prescindir del contenido y espíritu de la norma escrita, así como elucubrar y articular un nuevo mandato constitucional, adaptado a la necesidad presente o coyuntural; de esa cuenta, el juez, de manera irrestricta, discrecional y subjetiva, prácticamente puede redefinir la normativa constitucional, conforme a lo que él cree o asume que son las exigencias reclamadas por lo contingente, sin respetar los valores y principios que la originaron y sustentan, dando pie a un relativismo judicial.

De suerte que el juzgador, al arrogarse la autoridad de “reescribir” la Constitución, se atribuye el poder constituyente y se erige de facto en un suprapoder, con la facultad para asumir la realización del bien común, emitir regulaciones legales y administrativas, imponer agendas políticas e ideológicas, dirigir a los organismos estatales, así como para formular e implementar políticas públicas. Para efectos prácticos, sus fallos se convierten en la verdadera Constitución, que, por cierto, no solo resuelven casos concretos, sino que se imponen como efectivas disposiciones de observancia general.

Bajo este supuesto, el juez no debe atenerse a la letra y al razonable sentido y finalidad de la norma escrita, sino que puede omitirlos, tergiversarlos o rehacerlos, conforme a sus particulares asunciones, aspiraciones o pretensiones, lo que da pie a que se puedan emitir fallos contra la misma norma escrita, fundamentados en concepciones ideológicas o políticas, o en simples expresiones de interés.

Al convertirse los fallos en la verdadera Constitución, se alienta una índole de “orden jurídico sin Constitución”, bajo el cual los criterios subjetivos, creativos o inventivos que adopten los togados, pasan a ser, sin más, el régimen jurídico positivo observable. Se abre la puerta, entonces, a un seudoconstitucionalismo caprichoso, inestable, incierto, voluble, veleidoso, que se justifica en la asunción de que las normas constitucionales son vacías o carentes de significado permanente. Esto, sin más, se traduce en una inequívoca “desconstitucionalización” del Estado.

En mi opinión, si se acepta que la interpretación jurisdiccional no se limita a aclarar una norma oscura o confusa, y que el juez, al resolver, puede divorciarse de la norma escrita e, incluso, enmendar, suspender o frustrar la aplicación de normas claras, inteligibles y ciertas, que es la base de la seguridad jurídica, se habilita un ilegítimo y antidemocrático gobierno de jueces, no electo, supremo, infalible.

En Latinoamérica, algunos tribunales constitucionales han enjuiciado y frustrado la aplicación de normas constitucionales imperativas o impeditivas, claras y expresas, en vez de defenderlas y acatarlas; por ejemplo, la habilitación politizada otorgada a los gobernantes o exgobernantes Ríos Montt en Guatemala (2003), Arias en Costa Rica (2003), Ortega en Nicaragua (2010), Hernández en Honduras (2015) y Morales en Bolivia (2017), para optar a la reelección, bajo el pretexto de proteger sus derechos políticos, aunque lo prohibía la Constitución; ya no digamos la imposible usurpación de la función legislativa por el Constitucional en Venezuela.

En todo caso, debe tenerse presente que la justicia oficial guatemalteca descansa sobre cuatro principios jurídicos limitativos e ineludibles, a saber: 1) La justicia se imparte conforme a la Constitución y la ley; 2) Los jueces, además de que deben ser independientes e imparciales, están sujetos a la Constitución y la ley; 3) Cuando una norma es clara, no puede desatenderse su tenor literal so pretexto de consultar su espíritu; y 4) El fraude de ley y la prevaricación son prohibidos y castigados.