Sábado 15 DE Agosto DE 2020
Opinión

Desgaste institucional

Fecha de publicación: 01-07-20

La sobrevenida disputa entre la Comisión Permanente del Congreso y la actual magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) tiene como telón de fondo la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA), que debió haberse llevado a cabo antes del 13 de octubre del año pasado por la anterior Legislatura, tal y como lo dicta la Constitución.

Sin embargo, el trabajo de las comisiones de postulación de candidatos a magistrados fue suspendido por la CC, debido a que, a juicio de ésta, no se había integrado correctamente la primera de las comisiones mencionadas, aunque, en 2014, la CC había aceptado una integración similar, y a que no se había realizado la evaluación de los magistrados y jueces que aspiraban a las magistraturas por parte del Consejo de la Carrera Judicial, lo que obligó a este a “sacarse de la manga” una evaluación exprés e improvisada, sin ajustarse al procedimiento y estándares internacionales exigidos por la Ley de la Carrera Judicial, así como abarcando únicamente algunos meses del período de funciones de los evaluados (5 años), cuyo resultado fue cuestionado por el Ministerio Público (MP) en el informe que rindió al Congreso.

Por supuesto, si no se hubiera suspendido el trabajo de las referidas comisiones de postulación, la Legislatura que terminó el 14 de enero de este año habría elegido a los magistrados de las nóminas de candidatos elaboradas por dichas comisiones, y el 13 de octubre de 2019, los magistrados habrían tomado posesión de sus cargos, sin más trámite. Esto habría evitado la actual colisión entre órganos del Estado.

Como es del conocimiento público, habiéndose reactivado las comisiones de postulación y después de que éstas elaboraron y enviaron al Congreso las nóminas de candidatos, en marzo de este año el MP dio a conocer el caso de la manipulación e influencia en la elección de magistrados en torno a un procesado penalmente, lo que provocó que el MP, a través de un amparo, solicitara a la CC la suspensión de la elección de magistrados.

A mediados de mayo pasado, la CC dictó sentencia en el proceso de amparo promovido por el MP, en la cual dio por válidas las nóminas de candidatos y se impuso al Congreso la obligación forzosa de excluir a ciertos candidatos incorporados en las nóminas elaboradas por las comisiones de postulación. El MP, después de conocida la sentencia de marras, pidió a la CC que anulara dicha sentencia, por una cuestión de procedimiento, pero que al emitir su informe al Congreso se supo que la verdadera razón era que, a juicio del MP, todo el proceso de evaluación de magistrados y jueces, integración de las comisiones de postulación y selección y designación de candidatos, estaba viciado, lo que devenía en la insubsistencia de las nóminas de candidatos que se habían enviado al Congreso. La CC no atendió la solicitud de anulación del MP.

Hace algunos días, un abogado presentó una denuncia penal contra los magistrados de la CC que dictaron la mencionada sentencia, por la supuesta comisión de delitos, lo que ocasionó que el viernes pasado la CSJ trasladara el expediente al Congreso, para los fines de que se iniciara el procedimiento de antejuicio contra 4 magistrados de la CC. La Comisión Permanente del Congreso recibió el expediente ese mismo día e integró la respectiva comisión pesquisidora.

Todos conocemos que sucedió a continuación. La CC, integrada con 3 de los magistrados imputados, decretó amparo provisional a favor de los 4 magistrados sindicados, lo que dio lugar a que la Comisión Permanente del Congreso presentara una denuncia penal contra los 3 magistrados indicados y que la actual magistratura de la CC certificara lo conducente al MP contra dicha Comisión debido al incumplimiento de enviar el expediente de antejuicio a la CC.

Como podrá advertirse, la crisis política está planteada, la cual, indudablemente, desgastará aún más nuestra frágil institucionalidad democrática, haciéndole el juego con ello a los irredentos enemigos de la democracia. Por tanto, aunque sabemos que es inútil, hacemos un llamado a que se depongan los personalismos en aras de preservar la institucionalidad, a la luz de lo que pedía el ex Presidente Juan José Arévalo Bermejo (1945-1951): Ojalá que las instituciones queden y las personas pasen.