Domingo 27 DE Septiembre DE 2020
Opinión

El principio de Constitucionalidad

‘“Una Constitución sin Tribunal Constitucional que imponga su interpretación y la efectividad de la misma en los casos cuestionados es una Constitución herida de muerte”’. Eduardo García de Enterría

Fecha de publicación: 30-06-20
Por: Alejandro Maldonado Aguirre

En esta columna se pretende comunicar percepciones personales del ejercicio de la magistratura constitucional, según la entiende en su sustancia y trascendencia, y conforme los factores del entorno en que se desarrolla, alguien que ha vestido la toga del juez. Generalmente los comentaristas de la función judicial pueden analizarla desde una perspectiva exterior, tomando como base el contenido explícito de las resoluciones y de las diligencias del expediente, pero muy raramente podrían penetrar el subconsciente intelectual y doctrinario del magistrado, íntimo titular de su propia conciencia jurídica y social.

Se ha sostenido que el primer tribunal constitucional se constituyó por sí mismo en los Estados Unidos de América, cuando los jueces de la Corte Suprema asumieron la potestad de ser intérpretes máximos de la Constitución, a la cual le otorgaron la jerarquía de norma suprema. ¿Declinó esa potestad con la conclusión del mandato de sus jueces vitalicios? Nunca; por el contrario, desde esa famosa sentencia propuesta por el juez Marshall, todas las demás magistraturas mantuvieron la potestad del supremo entendimiento, aunque eso haya disgustado, en un tiempo, al más durable y varias veces reelecto presidente Franklyn D. Roosevelt, el triunfador de la Segunda Guerra Mundial. También asumen esta potestad todos los tribunales constitucionales que proliferaron a partir de Hans Kelsen.

Los tribunales de cualquier materia o jerarquía se integran con jueces dotados de competencias comunes: a) Ejercicio de un derecho público; b) Exclusivo; c) Indeclinable; d) Indelegable. Con tales pilares de la plataforma jurisdiccional, se ha sostenido la estructura de los tribunales constitucionales. Y no podía ser menos, por cuanto la norma normarum es la Constitución Política de la República, en el caso guatemalteco, el Artículo 268.

Esta jerarquía suprema en orden a entender la pluralidad del pensamiento político, económico y social de un país (incluyendo hasta la revisión de las opciones para salvar la vida frente a un virus invisible), constituye una enorme carga para comprender el espíritu y el dogma constitucional. Bien lo dijo en un foro de la CC el jurista Fernando Toller: La interpretación y el control de razonabilidad son el drama y la gloria del Derecho constitucional.

La motivación implica una obligación del juzgador, no solo como una simple cortesía profesional, sino por su deber de lealtad para con los litigantes que han tenido que someterse a su jurisdicción. Se constituye por medio del análisis crítico de las cuestiones controvertidas un sistema de control contra la arbitrariedad y el discrecionalismo, siempre a favor de la legitimidad y solvencia de las partes. De esta manera, también se vincula claramente el juez a la ley, produciendo la certeza de la técnica jurídica en la adjudicación del derecho. En lo práctico, se hace efectivo el principio de inmediación, dado que revela que el juzgador se ha impuesto conscientemente de los autos.

Los magistrados deben emitir resoluciones con la tranquilidad de someterlas ante cualquier foro con la conciencia de que en su motivación o fundamentación jurídicas solo hubo en mira la adjudicación del derecho basada en los valores, los principios y los preceptos supremos, aunque sin la pretenciosa esperanza –no lograda por tribunal alguno en el mundo– de lograr aprobación unánime de los múltiples “intérpretes de la interpretación”.