Lunes 3 DE Agosto DE 2020
Opinión

LA CANTINA La ventana que nunca se cierra

Vemos hoy, agravado aún más por la crisis actual, procesos de compras directas en donde las especificaciones técnicas y la calidad de los productos cuentan muy poco o nada.

Fecha de publicación: 01-06-20
Por: José Sagastume

En este tiempo se ha visto expuesta la importancia que tienen los sistemas de compras públicas, no solo como un puente en la generación de egresos, sino como una herramienta que permita transparentar la ejecución de los procesos económicos generados en el funcionamiento de las instituciones públicas y, lo que toma mayor relevancia hoy en día, las acciones generadas en respuesta a la crisis en la que nos encontramos a todo nivel.

En el caso de Guatemala las instituciones, para toda adquisición pública, deben hacer uso del sistema de ‘Guatecompras’ para su ejecución. La Ley de Contrataciones del Estado establece los procedimientos generales para realizar estas adquisiciones -cualquiera que estas sean- en donde son relevantes los regímenes definidos para su materialización. Estos son determinados por el monto de la compra: compras de baja cuantía corresponden a montos de hasta Q10,000; compras directas, hasta Q90,000; compras por cotización, hasta Q900,000; y compras por licitación, montos arriba de Q900,000. De la misma manera designa a los órganos competentes -juntas de cotización, licitación o calificación – para la toma de decisiones. Los miembros de estos órganos son nombrados por la ‘“autoridad competente”’ descrita dentro de la ley, definida según la entidad que realiza la compra. Sin embargo, al adentramos en la ley encontramos las ‘“modalidades específicas de excepción”’: compras de baja cuantía, compras directas, adquisiciones con proveedor único y arrendamientos. Estas figuras abren una ventana de oportunidad, que parece no cerrarse, para la toma de decisiones totalmente discrecionales y a conveniencia, las cuales solamente necesitan la aprobación de la autoridad que aprueba la compra.

Vemos hoy, agravado aún más por la crisis actual, procesos de compras directas (dentro del marco de los casos de excepción) en donde las especificaciones técnicas y la calidad de los productos cuentan muy poco o nada. Pareciera que aquellos que realizan las bases de cotización solo ven el proceso como una formalidad irrelevante para una compra que será decidida por la ‘“autoridad superior competente”’. Se hacen más evidentes las falencias de una ley en donde la discrecionalidad y la falta de un marco normativo completo son la plataforma ideal para validar a una cadena de oportunistas que pasan por encima de quienes están tratando de hacer las cosas bien, y que resulta en un mercado en donde quien tiene los mejores contactos y el que responde de mejor manera a los intereses personales de los tomadores de decisión es quien domina.

¿Cómo generamos la ‘cuentadancia’ de estos procesos? ¿Cómo detenemos la compra de productos o servicios que carecen de especificaciones técnicas, registros obligatorios y que muchas veces incumplen con las leyes establecidas por el mismo Estado? ¿Cómo evitamos adjudicaciones a empresas que carecen de cualquier ‘expertise’ para las tareas o productos ofertados y cuyas declaraciones ante las instituciones tributarias y administrativas – referentes a sus actividades económicas – se encuentran plagadas de incoherencias?

Es tiempo de procesos formales que respondan realmente al propósito de las compras públicas y que impulsen la activación económica para el desarrollo productivo del país, concursos transparentes y en igualdad de condiciones que faciliten la competencia libre y sin vicios, que incentiven la participación de empresas que buscan la creación de proyectos innovadores, que impulsen la producción y comercialización de productos -cualquiera que estos sean- más adecuados en términos no solo económicos y de calidad, sino también en términos sociales y para el beneficio de todos.