Jueves 16 DE Julio DE 2020
Opinión

Corregir sobre la marcha

Resulta normal que estos programas deban irse ajustando sobre la marcha a las cambiantes realidades que plantea la pandemia.

Fecha de publicación: 01-06-20
Por: Mario A. García Lara

El principal objetivo de las políticas públicas ante la crisis actual debe ser evitar que la pandemia rompa el tejido social, destruya la paz social y genere ingobernabilidad. Por eso, dichas políticas deben incluir medidas en los ámbitos sanitario, social y económico, algunas de las cuales han debido improvisarse de forma inmediata, mientras que otras deben diseñarse y aplicarse según corresponda a las cuatro fases de la crisis económico-sanitaria: contención, mitigación, reapertura y reactivación. La tarea es tan compleja que resulta inevitable (y más para un gobierno nuevo) que las medidas deban irse corrigiendo constantemente en función de la evolución de la pandemia y de la respuesta social e institucional a la misma.

El Gobierno guatemalteco actuó prontamente en la etapa de contención: aplicó oportunas medidas de confinamiento parcial y obtuvo financieros por más de Q19 millardos para atender la emergencia. En cambio, en la actual etapa de mitigación la ejecución de dichos fondos ha resultado difícil de echar a andar. De los Q1.6 millardos asignados al Ministerio de Salud, al 28 de mayo solo se había ejecutado un tres por ciento. La conformación de una comisión específica, integrada por médicos de reconocido prestigio, debe marcar un punto de inflexión para acelerar los procesos de compra de material y equipo médico. De manera similar, el programa de asistencia humanitaria, el más grande de todos, el del Bono Familia, a la misma fecha solo había ejecutado un siete por ciento de los Q6 millardos asignados.

Otro programa crucial en la etapa de mitigación es el del fondo de Q2 millardos para apoyar a los empleados cuyos contratos de trabajo sean suspendidos. Luego de afrontar muchos obstáculos para arrancar, por fin ha logrado otorgar ayuda a más de 23 mil trabajadores, aunque ello equivale a solamente un dos por ciento del monto disponible. Es muy probable que al finalizar el Estado de Calamidad este programa dejará recursos sobrantes que deberían ser redireccionados hacia programas más permanentes de acceso a licencias por enfermedad, prestaciones por desempleo y prestaciones de salud (cuya gestión debería estar a cargo del IGSS), que serán muy útiles para los más afectados por la pandemia, particularmente para las personas más pobres que carecen de un colchón de ahorros y, por lo tanto, viven al día.

También tardó en arrancar el Fondo de Créditos para Capital de Trabajo para financiar a empresas y mantener su capacidad productiva y la continuidad de sus operaciones. Hasta finales de mayo, el Crédito Hipotecario Nacional (CHN, entidad a cargo de su ejecución) había desembolsado Q250 millones, es decir, menos del 8.5 por ciento de los Q2.7 millardos asignados a este Fondo. Para agilizarlo, más que una reforma a la Ley Orgánica del CHN (que pretende permitir que dicha entidad realice operaciones ajenas al giro bancario -lo cual puede poner en riesgo la salud de todo el sistema financiero-) lo que se necesita es usar esos fondos para constituir un vehículo financiero de propósito especial que no solo permita que otras entidades bancarias participen en (y agilicen) la asignación de los créditos, sino que también permita una gobernanza más versátil y transparente de dicho Fondo.

Resulta normal que estos programas deban irse ajustando sobre la marcha a las cambiantes realidades que plantea la pandemia. Lo importante es hacer esos ajustes de forma técnica y transparente, previendo que algunos de estos programas (con los recursos que muy probablemente no serán ejecutados en la etapa de mitigación) puedan reconvertirse en programas más permanentes que serán de gran utilidad en la etapa de reactivación económica.