Lunes 1 DE Junio DE 2020
Opinión

LA CANTINA Los próximos pueden ser los 30 días más cruciales en la Historia reciente de Guatemala

A propósito del COVID-19 y la elección de altas cortes

 

Fecha de publicación: 18-05-20
Por: Xavier Soria Jiménez

Si no salimos con la claridad de ideas y la fuerza de voluntad necesaria para realizar cambios, el sufrimiento que como sociedad estamos sintiendo habrá sido en vano.

Se juntaron en un mes dos acontecimientos de suprema importancia para el futuro de Guatemala: la escalada del ritmo de contagio del COVID-19 y la elección de altas cortes por parte del Congreso. Será difícil mantener la atención sobre ambas cosas, pero el reto más grande viene después. Saliendo de esta debemos empujar con fuerza los cambios que necesitamos como país.

Ningún país se encontraba realmente preparado para responder a los desafíos de la pandemia, aunque claramente algunos han tenido una respuesta más efectiva que otros. Lo que tienen en común esas naciones no es liderazgo autoritario, sino un aparato estatal eficaz y eficiente que les permite llevar a la práctica medidas tales como la realización masiva de pruebas de infección, encuestas serológicas a gran escala o la puesta en marcha de programas excepcionales de asistencia social hacia los más necesitados. En Guatemala estamos muy lejos de tener ese tipo de infraestructura pública humana y física, pero hay que comenzar a caminar ya hacia esa meta y el punto de partida parece estar claro: Lo público debe dejar de ser botín de guerra a disposición de los poderosos de turno y sus patrocinadores, comenzando por los puestos públicos y las cortes más altas. Si logramos estos dos objetivos, se abre la posibilidad de empujar otros cambios necesarios para verdaderamente construir ese país donde quepamos todos. 

La reforma del Servicio Civil depende grandemente de la voluntad política del Presidente; si bien el marco legal actual debe actualizarse durante el actual periodo legislativo, los principios de meritocracia y carrera civil sí se encuentran contemplados en la ley vigente. Es posible empezar a observar buenas prácticas desde ya. El Ejecutivo puede escoger dependencias en las cuales hay mejores condiciones para empezar a ordenar la casa, eliminar la práctica de la simulación laboral y dejar de transar legalidad a cambio de gobernabilidad por medio de lesivos pactos colectivos con algunos sindicatos de trabajadores públicos, pecado cometido por casi todos los gobiernos desde 1985. También se debe incentivar a los buenos funcionarios con oportunidades de ascenso y capacitación para que sus capacidades no se pierdan y puedan hacer carrera dentro de la administración pública sin la amenaza a su estabilidad laboral que supone hoy en día el vaivén político.

Distinto escenario presenta la reforma del sector justicia, la cual obligadamente comienza con reformas de ley: Sistema Penitenciario, Código Penal, y reforma constitucional para separar la administración de fondos de la judicatura. Esto no significa que debemos jugarnos el todo por el todo o que no sepamos ya cual reforma priorizar. La próxima e inminente elección de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones da la oportunidad de focalizar la atención en una reforma a la Ley de Comisiones de Postulación que no sea diluida o distorsionada en el Congreso. El objetivo es sacar a las mafias disfrazadas de universidades del proceso, transparentar el acontecer interno de las comisiones y establecer criterios de meritocracia y respeto a la carrera judicial. Solo así reducimos el margen de acción a los Alejos, Gálvez, López Villatoro y a los diputados de turno y fortalecemos la independencia de los futuros magistrados.

Nos toca no quitar el dedo del renglón y exigir a Ejecutivo y Congreso no postergar estas dos reformas. Esta debe ser la exigencia número uno de aquí hasta las próximas elecciones generales.