Miércoles 30 DE Septiembre DE 2020
Opinión

¿Vientos de divisionismo?

Fecha de publicación: 17-04-20

Los síntomas de polarización han vuelto a aflorar, en medio de la emergencia del coronavirus (COVID-19), después del atípico año 2019, durante el cual terminó abruptamente el mandato de la CICIG, se prolongó el periodo de funciones de la magistratura del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se celebraron elecciones generales (presidencial, legislativa y edilicias), bajo un deficiente régimen político electoral que generó una campaña electoral atípica y en medio de la denuncia de graves irregularidades y anomalías imputables a la autoridad electoral, así como no se relevaron las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA), a pesar de que el 13 de octubre vencieron los respectivos periodos constitucionales de funciones.

Este año (2020) comenzó con la juramentación y toma de posesión de una nueva Legislatura, de nuevas autoridades municipales y de nuevos gobernantes. La CC decretó la suspensión indefinida de la elección de magistrados de la CSJ y de la CA. En medio de cuestionamientos se postularon candidatos a magistrados del TSE y el Congreso, por mayoría calificada, eligió a los nuevos magistrados, que fueron juramentados y tomaron posesión el 20 de marzo pasado.

El nuevo gobierno, presidido por Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo, a escasos dos meses de haber iniciado su mandato, se vio enfrentado a la crisis de la pandemia del coronavirus (COVID-19), debiendo recurrir, casi de inmediato, a decretar el estado de emergencia, en su modalidad de calamidad pública, a la luz de lo que ordena la Constitución y la Ley de Orden Público, así como a lograr la titánica contención del contagio, con un relativo éxito, lo que ha sido reconocido en el ámbito nacional e internacional.

Sobre la marcha el gobierno logró que el Congreso aprobara tres ampliaciones presupuestarias, en adición a los Q90 millardos vigentes para el presente año: Una primera de Q3 millardos, una segunda por Q11 millardos y una tercera por Q5 millardos. La primera y la tercera financiada con deuda pública interna y externa y la segunda con bonos gubernamentales adquiridos por el Banguat (emisión monetaria inorgánica). Ha surgido la inquietud en torno a cómo se gastará ese dinero y a la necesidad de transparencia, minimizar la intermediación y rendición de cuentas de parte de los ejecutores del gasto público.

Sin embargo, subyacentemente a la coyuntura sanitaria, se mantiene la lucha sorda por el poder, en un ambiente enrarecido en el cual las leyes no se observan, la intolerancia aflora y las instituciones no son suficientemente fuertes y confiables como para dirimir los conflictos de interés y resolver los problemas con inmediatez y eficacia.

En ese contexto, la justicia oficial, la autoridad electoral, el poder legislativo y el sistema de control del gasto público no gozan de credibilidad ciudadana y, por ende, carecen de la legitimidad necesaria para que sus decisiones y resoluciones sean, además de coercibles, aceptadas y apoyadas. Asimismo, brillan por su ausencia los pactos dialogales, incluyentes, justos y vinculantes.

Esto confirma que la voluntad mayoritaria sin un orden jurídico legítimo y coercible y sin instituciones sólidas y confiables, no necesariamente lleva a una democracia funcional y madura. Por el contrario, tienden a reafirmarse las contradicciones y las imposiciones, y no así la negociación política y la autoridad de la ley.

Sin duda, la confrontación siempre desemboca en posiciones amuralladas, en la defensa de intereses creados y en palabras necias y oídos sordos. Por otro lado, no se termina de asumir y aceptar que los eventos electorales no sustituyen al debate, a la legalidad ni a la institucionalidad, ni tampoco a las concesiones recíprocas, al avenimiento y al diálogo sin subterfugios.