Lunes 25 DE Mayo DE 2020
Opinión

Obligada rendición de cuentas

En el Estado está enraizada una cleptocracia de miedo.

Fecha de publicación: 06-04-20
Por: MARIO FUENTES DESTARAC

El Congreso, a instancia del gobierno, ha venido aprobando millonarias ampliaciones presupuestarias, financiadas a través de la contratación de deuda pública y de la adquisición de bonos del gobierno por parte del Banguat, con el propósito de enfrentar la emergencia causada por la pandemia del coronavirus, así como a sus perniciosos daños colaterales tanto sociales como económicos. Nadie, con dos dedos de frente, cuestiona que deben fluir los recursos necesarios y suficientes para apoyar a los sectores sociales más vulnerables y a las empresas en problemas, reactivar la economía, así como para garantizar los servicios públicos esenciales de salud, alimentación, seguridad y demás.

Sin embargo, este esfuerzo financiero gigantesco, que será una gravosa hipoteca para las generaciones venideras, debe ir acompañado por una rigurosa vigilancia de parte del sistema de control del Estado, así como de políticas públicas de transparencia y cero tolerancia a la corrupción, que garanticen que los fondos públicos serán bien administrados y que cumplirán con su cometido, con estricto apego a estándares de calidad, racionalidad, eficiencia y eficacia, so pena de deducir responsabilidades legales, sin excepción alguna, en contra de quienes despilfarren, desvíen, apropien o enriquezcan con fondos públicos. Sobre todo considerando que en el sector público está enraizada una cleptocracia de miedo, bajo la cual, como dice José Ingenieros, “nadie piensa, donde todos lucran; nadie sueña, donde todos tragan”.

Nuestra Constitución dispone que el gobierno anualmente debe rendir cuentas al Congreso. Empero, la rendición de cuentas no se limita a que el obligado elabore un informe sobre lo que estime relevante o interesante de su actuación, sino que demanda la sumisión a un verdadero escrutinio (averiguación) de la gestión; implica que se ahonde en cuestiones oscuras, ambiguas, controvertidas o sensibles, así como la explicación, con suficiencia, de cualquier acción u omisión. De suerte que no puede asumirse como rendición de cuentas el informe anual que presenta el gobernante ante el Congreso.

Concretamente, la Constitución dispone que cada ministerio debe formular la liquidación del presupuesto anual y someterla a conocimiento de la Contraloría General de Cuentas (CGC), y que esta, recibida dicha liquidación, debe rendir informe y emitir dictamen al Congreso, para que este apruebe o no la liquidación. El Congreso también debe aprobar o improbar anualmente, en todo o en parte, previo informe de la CGC, el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas que le presente el gobierno sobre el ejercicio fiscal anterior. Además, conforme a la Constitución, los organismos y las entidades descentralizadas o autónomas, con presupuesto propio, deben presentar al Congreso la liquidación correspondiente. Por tanto, el Congreso debe aprobar o improbar toda la ejecución presupuestaria (liquidación de ingresos y egresos) de cada ejercicio fiscal anual, contando para el efecto con el informe de la CGC.

La aprobación legislativa supone que las actuaciones de las autoridades y funcionarios a cargo de la ejecución presupuestaria quedan convalidadas; y, por ende, no procede que se deduzcan responsabilidades legales en su contra. Ahora bien, si el Congreso improbara la ejecución presupuestaria, la consecuencia inmediata tendría que ser la deducción de responsabilidades en contra de quienes tuvieron a su cargo la ejecución presupuestaria no aprobada.

No obstante, cabe advertir que el Congreso no ha aprobado ni improbado las últimas 21 ejecuciones presupuestarias anuales. De hecho, el mutis ha sido total aunque la opinión pública ha venido demandando que se cumpla este mandato constitucional. Esto implica un incalificable incumplimiento de deberes de los diputados sin ninguna consecuencia. Ojalá que la CGC, a cargo de la fiscalización de los ingresos y egresos estatales, y el Ministerio Público, que debe velar por el cumplimiento de la ley, asuman la defensa del interés hacendario, de cara al gasto público sin precedente que se avecina.