Domingo 5 DE Abril DE 2020
Opinión

La elección de magistrados es un proceso corrupto 

¿En manos de quiénes quedará la justicia en Guatemala? 

Fecha de publicación: 24-02-20
Por: María Aguilar

El actual proceso de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones es clave para el país, porque las y los electos tendrán la responsabilidad de aplicar la justicia sin privilegios para nadie. Y, sin embargo, si preguntamos al ciudadano de áreas urbanas o rurales sobre ¿cómo funciona el proceso de elección? la mayoría no podría responder. Esto se debe a varias razones, siendo una de las principales que, para comunidades indígenas y sectores pobres, el sistema de justicia occidental y sobre todo la forma en que opera ha sido excluyente o ha servido para justificar delitos y despojos, por lo tanto, no socializan o abren el proceso de elección de magistrados. 

De manera sencilla, la elección funciona así: las y los candidatos a magistrados son electos por dos comisiones, una para Corte Suprema y otra para Sala de Apelaciones, integrada por 12 miembros del Colegio de Abogados, 12 decanos de las facultades de Derecho de las universidades, 12 magistrados y un representante de los rectores de las universidades. Ellos califican a los postulantes y envían una lista corta al Congreso para que vote y elija a los magistrados.  

Al analizar quiénes integran las comisiones, es evidente lo excluyente y corrupto del proceso de elegir a quienes impartirán justicia. Los poderes dentro del colegio de abogados están marcados por el descaro y la corrupción. La universidad pública tiene a un rector corrupto e inepto y las universidades privadas operan a favor de las billeteras. Luego están las universidades de cartón, que cuentan con poder y voto a pesar que a lo único que se dedican es a repartir títulos por doquier, aunque debe aceptarse que las otras también lo hacen. Esta es una de las razones por las que se postulan candidatos con múltiples doctorados y maestrías, realizados en periodos de dos a cuantos años. Estos son logros académicos imposibles de realizar, si los programas e instituciones que otorgaran los títulos fueran realmente académicas. 

Adicional a las fallas internas del sistema de elección, por años se ha denunciado la existencia de poderes paralelos al proceso dirigidos por las elites, encargados de influenciar la lista de nominados y los votos en el Congreso. Esta corrupción e irregularidades las denunció la magistrada Claudia Escobar en 2014, cuando renunció a su cargo para no ser partícipe de un proceso corrupto. En las actuales elecciones la corrupción es visible. La semana pasada la FECI hizo público cómo el exdiputado de la UNE Gustavo Alejos, a pesar de guardar prisión por múltiples casos de corrupción se reunió con jueces, aspirantes a magistrados y diputados buscando influenciar el proceso de elección.

¿En manos de quiénes quedará la justicia en Guatemala?