Sábado 28 DE Marzo DE 2020
Opinión

Comisiones de Postulación

Tiempo para reflexionar.

Fecha de publicación: 21-02-20
Por: Roberto Moreno Godoy

Los cimientos de una Guatemala fuerte son instituciones sólidas y confiables. El Estado de Derecho depende de su integridad; de los pesos y contrapesos que estas dan a nuestra democracia. Se trata de un delicado equilibrio, que exige que todos los engranajes estén debidamente aceitados y en la posición correcta. Por ello, es fundamental que los mejores guatemaltecos lideren la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de Cuentas, las salas de Apelaciones, el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Superintendencia de Administración Tributaria y otras entidades que son clave para el buen funcionamiento del sistema. Que aseguremos que profesionales capaces, honestos e idóneos estén al frente de las mismas. Es por esto que nuestra Carta Magna presta especial consideración a los requisitos para ocupar estos cargos y a la forma en que deben ser elegidos. Para varios casos emplea la figura de Comisión de Postulación, cuya función primaria es convocar a los interesados en alguna de estas altas posiciones y depurar la lista, para que la entidad responsable seleccione entre de los mejores aspirantes. Dichas Comisiones cuentan con la participación de algunos sectores en los que se ha depositado la confianza, entre los cuales destacan las universidades y los colegios profesionales.

Las Comisiones de Postulación han estado muy presentes en los medios de comunicación y en el interés ciudadano. Luego del proceso para designar al Contralor General de Cuentas, en los últimos meses coincidió la instalación de las relativas a la Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Supremo Electoral. Esto ha puesto de nuevo el reflector sobre dichos entes y sus integrantes. ¿Quiénes las conforman? ¿Cómo y cuándo fueron electos? ¿Cuál es su cronograma de trabajo? ¿Qué instrumentos usarán? ¿Qué mecanismos emplearán para tomar decisiones? ¿Cómo deliberarán sobre los candidatos que integrarán las nóminas finales? Todo ello es objeto de escrutinio. Pese a que la ley especifica la forma en que se integran y operan, así como delimita su metodología general de trabajo, es frecuente escuchar críticas sobre la convocatoria pública, los aspectos evaluados en las tablas de gradación y los protocolos seguidos para resolver. Hay debate sobre el peso que debiera darse a los factores académicos, profesionales y de proyección humana. Para todos, incluidos los comisionados, es especialmente complicado evaluar lo concerniente a la honorabilidad y los factores éticos de los postulantes. Se ha cuestionado si las Comisiones han caído en las redes de los movimientos políticos y de otros grupos con intereses poco convenientes. Las casas de estudio y los colegios profesionales no han quedado al margen de estos señalamientos, llegándose al extremo que algunos piensan que, en vez de lograr que la academia consiguiera imprimir objetividad al proceso, algunos de sus representantes terminaron politizándose.

Soy testigo de las dificultades que se viven en las Comisiones de Postulación. La ley fuerza a un plazo muy corto para realizar el trabajo. Se trata de una carrera contra el reloj, en donde las premisas están previamente delineadas, por lo que muchos de los cuestionamientos no pueden ser atendidos. El supuesto es que todo marche eficazmente. Que los comisionados hagan bien su labor, siendo independientes y manteniéndose ajenos a los intereses de cualquier grupo. Que haya buenos candidatos. Que los aspirantes sigan instrucciones, preparen debidamente su expediente y documenten sus méritos, presentando las respectivas credenciales. Ahora, que las Comisiones finalicen su trabajo, es imperativo no dejar pasar más tiempo y revisar integralmente el asunto, de forma tal que pueda afinarse el marco legal y las reglas del juego.