Viernes 21 DE Febrero DE 2020
Opinión

Necesaria razonabilidad en cálculo de aportes constitucionales

Fecha de publicación: 15-02-20

Como bien ha sido señalado por varios de nuestros distinguidos columnistas a lo largo de las últimas semanas, existe todavía mucha tela que cortar en relación al cálculo de los aportes constitucionales a cargo del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado. Para principiar, resulta insoslayable el negativo impacto que tendría sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas realizar el cálculo de los aportes constitucionales tomando el total de los ingresos tributarios como base de cálculo. Tal forma de cálculo atenta contra la prudencia y balance que debe prevalecer en el manejo de las finanzas públicas; esta ligereza interpretativa resulta temeraria desde la perspectiva de la sanidad de las finanzas públicas.

Resultaría irresponsable trasladar al bolsillo de los contribuyentes montos multimillonarios derivados de una lectura poco razonable de las intenciones de quienes redactaron la Constitución.

Corresponde, pues, a la Corte de Constitucionalidad, establecer un balance entre la obligación de cumplir con tales disposiciones constitucionales y la obligación de financiar otras funciones que se derivan de la estructuración del Estado que nace de la propia Constitución. De tal cuenta, el cálculo de los aportes constitucionales que corresponden a la Usac, deporte confederado y municipalidades, entre otros destinos, debe ser de tal forma que se garantice la adecuada atención de las demás obligaciones que también nacen de la propia Constitución. Carecería de sentido dejar de financiar la atención médica neonatal con tal de asegurar los fondos para financiar a la Federación de Boliche; o dejar de pagar las pensiones de las personas jubiladas del servicio civil con tal de garantizar el financiamiento de algún cuestionado e innecesario rubro de gasto de la Usac. Tiene en sus manos la Corte de Constitucionalidad, en la aclaración solicitada por el Ministerio de Finanzas, fijar criterios que garanticen un mínimo de razonabilidad en la forma de cálculo de los aportes que deben ir hacia las instituciones ya referidas y el financiamiento del resto de obligaciones prioritarias del Estado que fija la Constitución.