Sábado 19 DE Septiembre DE 2020
Opinión

¿Dar a la Usac el cinco por ciento (y los demás aportes) genera crisis presupuestaria?

Ciertos sectores han propagado un pánico social sobre las consecuencias de una sentencia histórica de la Corte de Constitucionalidad –CC–.

Fecha de publicación: 15-02-20
Por: Mario F. Castillo*

Dentro del Expediente 5510-2018 se otorga amparo a la Asociación de Estudiantes Universitarios –AEU– de la Usac resolviendo favorablemente la petición que se debe otorgar el cinco por ciento contenido en el Artículo 84 constitucional íntegramente de los ingresos ordinarios del Estado.

Lo anterior tiene sustento constitucional en la sesión constituyente 72 de 1985 y en jurisprudencia de la misma CC donde se establece que el Presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado está compuesto por la totalidad de los ingresos tributarios (expediente 1688-2007, 5298-2013 y el citado 5510-2018). Los ingresos ordinarios en el vigente presupuesto ascienden a Q64,027,700,000, y el aporte constitucional a la Usac es de Q1,562,252,000, en realidad se otorga el 2.44 por ciento y no el cinco por ciento constitucional.

Es una lógica simple, pero algunos con falacias la han querido entrampar. Me propongo a continuación desmontar la base mediocre de sus argumentos con los que pretenden, a través de un remedio procesal de aclaración, modificar el fondo de una sentencia dictada conforme a la Constitución, algo inaudito en la ciencia del derecho.

Su base es: La aplicación de la sentencia generará una crisis presupuestaria: Falso, lo que generará es una reestructuración presupuestaria para invertir en sectores prioritarios del país. Los que sustentan esta tesis argumentan que no hay recursos en el Estado para cubrir dichos aportes constitucionales lo cual está alejado de la realidad por dos análisis distintos. Primero, bajo el sistema fiscal actual se dejan de percibir aproximadamente 40 mil millones de quetzales en evasión fiscal, exenciones fiscales y contrabando según mismos datos de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT–. La sentencia permite replantear el modelo fiscal, sin aumentar impuestos a la clase trabajadora sino combatiendo estratégicamente la defraudación fiscal.

Segundo, una persona conocedora de la administración pública sabe que no se ejecuta en su totalidad los ingresos del erario público presupuestados. El promedio de los últimos años de ejecución es de 92.5 por ciento (datos del Minfin), siendo recurrente en los últimos meses del año ver noticias de gastos en convivios y gastos superfluos de entidades estatales. Si aplicamos dicho promedio al presupuesto actual, hay una brecha superior a los 6 mil millones de quetzales, cantidad que puede ser reorientada a la Usac, Municipalidades, Deporte y Organismo Judicial para proyectos de desarrollo.

Con datos queda desmontada su argumentación para incumplir con el mandato constitucional. Pero además, en el hipotético caso de la dificultad de adecuar el Presupuesto del Estado de un ejercicio fiscal a otro a consecuencia de un error histórico el derecho comparado ya ha dado una respuesta en un caso similar. En Colombia, el Gobierno no asignaba recursos a los migrantes desplazados por “falta de recursos”, lo cual quedó desmontado por su Corte Constitucional

(T025-04) al establecer que “los Presupuestos deben tener un enfoque de Derechos Humanos” y estableció dar un plazo razonable al gobierno para adecuar en unos años su gasto estatal según estándares constitucionales y evitar una crisis presupuestaria (algo que sí podría ampliar la CC). Soluciones hay, ninguna de ellas es romper el orden constitucional y la progresividad de los Derechos Humanos.

*Espacio cedido por el columnista Jorge Mario Rodríguez