Viernes 21 DE Febrero DE 2020
Opinión

Reformas antidemocráticas

El nombre de “ONG” ha sido sujeto de ataques en los últimos años, como parte de la lógica de desgaste generada durante el gobierno anterior a las organizaciones que respaldaron el trabajo de la CICIG.

Fecha de publicación: 14-02-20
Por: Renzo Lautaro Rosal

De la mano del descaro, 82 diputados se escudaron en la “necesaria” transparencia y fiscalización y aprobaron reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales. Ahora se cuelgan de esos dos conceptos, cuando la impunidad ha sido la lógica de actuación generalizada en el Congreso y en particular, de los gestores de este nuevo indicador de retroceso. ¿De cuándo acá su compromiso real por la fiscalización? De acuerdo con ese argumento, de poco sirven los controles de la SAT y la Contraloría de Cuentas (en caso de uso de recursos públicos). Otra creación de falsos mensajes para alimentar percepciones equivocadas.

Una de las iniciativas que la anterior legislatura insistió en aprobar pero quedó en el tintero, finalmente fue despejada. En forma sorpresiva, como suele ocurrir en los procesos con objetivos oscuros, la aprobación se llevó a cabo en forma presurosa.

El nombre de “ONG” ha sido sujeto de ataques en los últimos años, como parte de la lógica de desgaste generada durante el gobierno anterior a las organizaciones que respaldaron el trabajo de la CICIG. Pero desde antes, esa figura, contrario a la diversidad de expresiones que en realidad asocia, también ha sido cuestionada por agrupar a los que van contracorriente, los que disienten y rechazan; por incluir a organizaciones de sociedad civil, consideradas piedras de tropiezo.

Las reformas tienen un destinatario definido: los promotores de los derechos humanos, los que levantan la bandera de la lucha contra la impunidad, la transparencia, la auditoría social; los que cuestionan los alcances y límites de la institucionalidad pública, y del Estado en general. En su afán de restringir libertades, salvaguardadas por la propia Constitución de la República, los 82 votantes expresan autoritarismo profundo y afán por violentar las estructuras básicas de la democracia.

Las reformas en cuestión, se aprobaron para poner freno a los supuestos desenfrenos que provocan las ONG, pero “pequeño” detalle: obviaron las evidentes inconstitucionalidades, y se llevaron por delante a organizaciones que representan a algunos impulsores de la idea de poner límites de actuación a los protestólogos. Pero lo más grave son los mensajes de fondo que promueven los orquestadores de semejante iniciativa: “allanemos el camino para posteriores iniciativas que sigan cerrando espacios a las libertades básicas; nada de diálogo y condiciones para articular. Aquí debe imperar la imposición y punto”.

Adicionalmente, los diputados que respaldaron, se colocaron en el escaparate de los dispuestos a aprobar proyectos similares. Al ofrecerse al mercado de fácil consumo, son material atractivo para hacerse de dinero, tráfico de intereses y otros beneficios. No caben los argumentos de alguna bancada que dice haber sido sorprendida en su buena fe. La bancada oficial apostó por una iniciativa inconstitucional.

¿El presidente Giammattei guardará silencio para que la ley sea vigente? ¿Se atreverá a disentir de su partido y aliados? ¿La Corte de Constitucionalidad cumplirá con sus responsabilidades a poco más de un año para su salida? Lo cierto es que las oposiciones son muchas y unifican a sectores que en otros temas irían por caminos distintos.