Viernes 21 DE Febrero DE 2020
Opinión

Rápido sacaron el cobre

El país debe entrar en modo alerta pues tenemos un nuevo Congreso que legisla como los anteriores, con agenda oculta, total opacidad y dominado por intereses muy alejados del bienestar e interés nacional.

Fecha de publicación: 14-02-20
Por: Manfredo Marroquín

Ni un mes ha pasado desde que tomaron posesión y ya sacaron el cobre. Haciendo gala de artimañas legislativas al mejor estilo de la legislatura pasada y aprovechando una jugada con cartas bajo la mesa, cambiaron la agenda del día para aprobar una ley con dedicatoria que pretende callar y reprimir libertades constitucionales inviolables como la libertad de asociación y expresión y defensa de las organizaciones que a su criterio y libre albedrío, decidan que violan el orden público.

Calcada de países con gobiernos intolerantes y con vocación totalitaria como Venezuela y el resto de los que constituyeron el grupo Alba, la ley aprobada busca suprimir de un plumazo las organizaciones que le resulten incómodas y obliga a cometer ilegalidades a instituciones como el MP, la Contraloría, el ministerio de Gobernación, concediéndoles un poder inconstitucional como el de violentar el derecho de defensa.

Vendiendo el falso discurso de que buscan transparencia y rendición de cuentas de las ONGs, no aporta ningún control a los ya existentes como la obligación de tributar bajo el régimen que impone la SAT a los inscritos bajo esta categoría. Tampoco le da más presupuesto a la Contraloría que ha dicho en citaciones en el mismo Congreso que no tiene recursos para auditar a las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos del Estado y que los mismos diputados que se rasgan las vestiduras por la transparencia, les aprobaron solo para este año 800 millones.

Hay que recordar que la imagen negativa contra la figura legal de ONGs vino del mismo Congreso que hasta el año 2013 aprobaba sumas millonarias que eran destinadas a ONGs vinculadas a diputados, alcaldes y otros funcionarios para que hicieran obra pública como si fueran empresas de construcción y que sobrevaloraban y en la mayoría de casos nunca cumplían con realizar la obra. Fue por la presión hecha por organizaciones como Acción Ciudadana y otras que se logró modificar la Ley de Contrataciones que prohibió la contratación de ONGs para hacer obra pública.

Si tanto les interesa la transparencia y rendición de cuentas de los fondos públicos destinados a las ONGs que ellos mismos eligen con total discrecionalidad a quién dar y cuánto, deberían examinar los informes que estas envían al Congreso periódicamente y que en lugar de ser evaluados están apilados en cuartos y bodegas porque nunca los voltean a ver.

Pero les resulta más cómodo pedir cuentas a organizaciones que no reciben fondos públicos con el pretexto de que hay muchas de estas que generan conflictividad y desorden público. La institución responsable de investigar si hay organizaciones cometiendo ilegalidades es el Ministerio Público y los mismos diputados si están tan preocupados por eso, deberían presentar las denuncias y pedir una investigación pronta.

Para las organizaciones que actúan cumpliendo con las obligaciones de ley, esta pieza de horror legislativo no genera ninguna consecuencia y que a mi juicio son la mayoría. Pero resulta además que los señores que aprobaron este adefesio de ley desconocen que son cientos de miles las ONGs que pretenden vigilar y mandar a cancelar. Las iglesias, los gremios empresariales y profesionales, cooperativas, cocodes, deportivas y un largo etcétera conforman el universo de ONGs en el país pues bajo esa denominación caben todas las asociaciones, fundaciones, patronatos, sociedades civiles no lucrativas, etcétera.

El país debe entrar en modo alerta pues tenemos un nuevo Congreso que legisla como los anteriores, con agenda oculta, total opacidad y dominado por intereses muy alejados del bienestar e interés nacional.