Domingo 5 DE Abril DE 2020
Opinión

Estado de prevención

Fecha de publicación: 27-01-20
Por: Editorial

El gobierno, al igual que lo hizo para los municipios de San Juan Sacatepéquez y Mixco, decretó el estado de prevención para el municipio de Villa Nueva. El estado de prevención es una modalidad del estado de emergencia (o de excepción).

El estado de emergencia es un mecanismo constitucional de carácter extraordinario que el gobierno puede adoptar para enfrentar adecuadamente alteraciones graves de la normalidad. Según la alteración de la normalidad que se enfrente, el gobierno puede decretar 5 estados de emergencia: De prevención, de alarma, de sitio, de guerra y de calamidad pública. La finalidad principal de los 4 primeros es restablecer la paz, el orden, la seguridad o el control del Estado, en tanto que la finalidad del estado de calamidad es enfrentar catástrofes, calamidades, desgracias públicas, así como crisis sanitarias.

Conforme a la Ley de Orden Público, bajo el estado de prevención, el gobierno puede tomar las siguientes medidas: 1) Militarizar los servicios públicos, incluso los centros de enseñanza, e intervenir los prestados por empresas particulares; 2) Fijar las condiciones bajo las cuales pueden ejercitarse los derechos de huelga o paro, o prohibirlos o impedirlos cuando tuvieren móviles o finalidades políticas; 3) Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos y en su caso, impedir que se lleven a cabo, aun cuando fueren de carácter privado; 4) Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se llevaren a cabo sin la debida autorización, o, si habiéndose autorizado se efectuare portando armas u otros elementos de violencia. En tales casos, se procederá a disolverlas; si los reunidos o manifestantes se negaren a hacerlo, después de haber sido conminados para ello; 5) Disolver por la fuerza, sin necesidad de conminatoria alguna, cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se hiciere uso de armas o se recurriere a actos de violencia; 6) Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas u horas determinadas, impedir su salida fuera de las poblaciones o someterlos a registro; y exigir a quienes viajen en el interior de la República, la declaración del itinerario a seguir; y 7) Exigir a los órganos de publicidad o difusión, que eviten todas aquellas publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la alteración del orden público. Si la prevención no fuere acatada y sin perjuicio de otras medidas, se procederá por desobediencia contra los responsables. 

Asimismo, según la Ley de Orden Público, los decretos relativos al estado de prevención no requieren la intervención del Congreso, formalidad que sí se requiere para los otros estados de emergencia o de excepción.

En todo caso, un estado de emergencia está previsto para enfrentar específicas alteraciones graves de la normalidad (invasión del territorio, perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad del Estado y calamidad pública) y no para enfrentar problemas que deben ser resueltos en el marco de la normalidad institucional.

Por tanto, para hacer frente a problemas que deben ser resueltos en el marco de la normalidad institucional, el gobierno debe formular políticas públicas atinentes y consistentes, que contemplen acciones preventivas y reactivas; y, asimismo, elaborar planes de acción o de contingencia, debidamente financiados, cuyos recursos sean invertidos con eficiencia, transparencia, calidad, prioridad y sin atajos a la ley. Una acción aislada de cortísimo plazo si bien atempera los efectos perniciosos, no resuelve un problema de fondo, como la ausencia de seguridad pública o de certeza jurídica.