Martes 25 DE Febrero DE 2020
Opinión

Finanzas públicas en aprietos

Fecha de publicación: 18-01-20

No habían transcurrido ni 24 horas en el cargo las nuevas autoridades del Ministerio de Finanzas y ya ciertos grupos empezaban con críticas y malos augurios en caso las nuevas autoridades no atendieran a sus recomendaciones. Como la mayoría de gobiernos en el pasado reciente, el gobierno entrante hereda una situación precaria en las finanzas públicas. Situación que debe preocupar a las nuevas autoridades pero que no debe ser motivo a prestar mayor atención a los consejos de quienes son, en gran parte, los responsables de lo que sucede con las finanzas públicas nacionales. Para principiar, no aprobación del Presupuesto Público para 2020 acarreará muchos dolores de cabeza a la nueva administración, ninguno que sea insalvable. Junto con esto, las nuevas autoridades de hacienda deberán hacer frente a una nefasta y politizada decisión de la Corte de Constitucionalidad en relación al método de cálculo de los aportes constitucionales a cargo del tesoro; el irresponsable cambio en el método de cálculo de estos aportes conllevaría a aumentar mucho más la cantidad de recursos que ya se trasladan a instituciones que entre ineptitud y corrupción no han hecho ningún mérito para recibir un centavo más. La combinación de estos dos hechos, sumados a una previsible presión por aumentar el gasto en ciertos rubros estratégicos para el nuevo gobierno provoca que algunas personas vean como única salida una nueva reforma tributaria en el corto plazo y a abortar el proceso de renovación institucional dentro de la SAT para empezar de nuevo.

Tal pensamiento reduccionista solamente acarrearía más problemas, sobre todo cuando este tipo de proceder es el origen de los graves problemas que sufrió la SAT a partir de 2013 y del quiebre hacia abajo en la tendencia de la recaudación. Creer que con reformas tributarias agresivas, dirigidas a gravar a los inversionistas, empresarios y trabajadores, como la reforma de 2012, se resuelven los problemas de las finanzas públicas y del país es un error. Es momento de exigir a la Corte de Constitucionalidad que revise su proceder y se comporte a la altura de las circunstancias; de exigir a las entidades que se benefician de los aportes constitucionales que manejen los fondos con más eficiencia, transparencia y honestidad; y de permitir que el proceso de reforma que vive hoy la SAT culmine tal y como se planificó. Hacer caso a quienes reducen todo el problema a una nueva reforma tributaria y a quienes, tendenciosamente, evalúan a la SAT en función de una meta numérica impuesta hace más de 18 meses, sin considerar los ajustes obligados por los cambios en las condiciones económicas y legales existentes, sería la receta perfecta para agravar aún más la precaria situación fiscal existente. Afortunadamente, las nuevas autoridades del Ministerio de Finanzas y el Presidente y Vicepresidente saben bien las graves consecuencias económicas que tendría hacer caso a estas voces que presagian malos augurios en caso que desobedezcan sus recomendaciones.