Viernes 24 DE Enero DE 2020
Opinión

Antejuicio contra magistrados del TSE

Fecha de publicación: 11-12-19

Según informaciones de prensa, la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) solicitará que se despoje de su inmunidad a los actuales magistrados propietarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de deberes durante el proceso electoral que se llevó a cabo este año, que, por cierto, fue objeto de múltiples irregularidades y anomalías, las que originaron impugnaciones y denuncias penales, así como exigencias de anulación y repetición de los comicios legislativos y edilicios. Conforme la Constitución, los magistrados del TSE gozan del derecho de antejuicio, que, según la Ley en Materia de Antejuicio, es la garantía que la Constitución otorga “a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ley”.

De acuerdo con nuestra Carta Magna, corresponde al Congreso determinar si ha lugar o no a formación de causa penal contra los magistrados del TSE, con el voto favorable de, por lo menos, las dos terceras partes del número de congresistas. Sin embargo, previamente a que el Congreso determine si se levanta o no la inmunidad de los magistrados del TSE, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá calificar si el hecho punible imputado es o no ilegítimo, espurio o político. Si la CSJ determina que el hecho punible imputado no es espurio, ilegítimo o político, cursará el expediente al Congreso, en donde deberá integrarse una Comisión Pesquisidora con cinco diputados, que analizará la querella presentada y rendir su dictamen al pleno del Congreso. Si el Congreso declara que ha lugar a formación de causa penal contra los magistrados propietarios del TSE, entonces procedería su encausamiento penal ante un tribunal competente. Si, por el contrario, el Congreso no levanta la inmunidad a dichos magistrados, el expediente deberá archivarse, sin perjuicio, por supuesto, de que los mismos, al concluir su período de funciones, puedan ser procesados penalmente por el mismo hecho punible denunciado.

En el caso de que el Congreso declare que ha lugar a formación de causa penal contra dichos magistrados, si estos, en el respectivo tribunal penal, quedaren ligados a proceso penal y fueren enviados a prisión preventiva, automáticamente quedarían suspensos en sus funciones y los magistrados suplentes del TSE tendrían que asumir como magistrados en funciones hasta que los magistrados propietarios fueren condenados o absueltos en sentencia firme. Si resultaren absueltos o, en su caso, quedaren libres por falta de mérito, dichos magistrados reasumirían sus cargos. Por el contrario, si fueren condenados quedarían separados definitivamente de dichos cargos.

Si los magistrados propietarios del TSE, por virtud de sentencia condenatoria firme en su contra, fueren separados de los cargos o si renunciaren antes, entonces los magistrados suplentes del TSE deberán asumir hasta que el Congreso elija a los nuevos magistrados de la nómina de candidatos elaborada por la respectiva Comisión de Postulación, lo que debió haber ocurrido antes del vencimiento del actual período de funciones del TSE comprendido del 30 de junio de 2013 al 30 de junio de 2019. Esto supone que dicho período de funciones venció el 30 de junio de 2019, aunque los actuales magistrados del TSE sostengan, sin fundamento legal alguno, que el mismo vence hasta el 18 de marzo de 2020, por el solo hecho de que en esa fecha tomaron posesión de los cargos. La jurisprudencia sentada por la Corte de Constitucionalidad (CC) en ese sentido (en los casos de los períodos de funciones del Presidente de la Junta Directiva del IGSS y del Fiscal General de la República) es clara e incontrovertible, salvo que la actual magistratura de la CC la modificare.