Martes 4 DE Agosto DE 2020
Opinión

Medicina criminal

Llamado a la conciencia de Giammattei.

Fecha de publicación: 09-12-19
Por: Édgar Gutiérrez

El tema del altísimo precio de las medicinas ya sobrepasó el caso del IGSS. Se debate como el problema nacional que es, y como un claro ejemplo de cómo la corrupción en el sector público rebota en el mercado, pues los no usuarios adquirimos los mismos medicamentos a precios también intencionadamente inflados. 

Esa corrupción y sus rebotes operan de hecho como un impuesto que se apropia el cartel de las medicinas. En realidad, es un despojo desvergonzado, con recubrimiento legal que incluso despliega extensas y convincentes campañas mediáticas para legitimarse. 

Más que un despojo, es una condena de muerte de decenas de miles de seres humanos, en un país donde la pobreza es enfermedad de todo un pueblo. Como la pobreza no es una condición natural sino producto de un desequilibrado ejercicio del poder, resulta imperioso que la ONU revise sus definiciones de delitos de lesa humanidad para imponer penas.

Un movimiento global enfocado en ese propósito tendría que animarse desde la sociedad civil de países, como el nuestro, capturados por los carteles farmacéuticos, pues las grandes potencias renegarán, como lo hacen frente a la emergencia del cambio climático. Y es que la ecuación de la “medicina criminal” estaría incompleta sin aludir el papel cómplice de las multinacionales farmacéuticas.

En una nota publicada en elPeriódico, Gert Rosenthal, economista y diplomático irreprochable de estatura mundial, expresó su asombro porque en París compraron medicinas que requiere su esposa a precios equivalentes a un 30 y hasta un 25 por ciento de los que adquieren en Guatemala.

La anécdota adquirió perfil de denuncia con las notas testimoniales sobre corrupción en el gremio farmacéutico, publicadas en el mismo diario por un científico de gran prestigio, el doctor Román Carlos Bregni. Y la denuncia tomó la ruta judicial cuando, en un campo pagado, uno de los aludidos como corruptor, Fernando Jarquín Pira, dueño de la farmacéutica Agefinsa, concluyó su alegato, como presunta víctima de difamación, con un “nos veremos en los tribunales”.

El cartel de las medicinas tiene una dinámica interna que depende de los vínculos políticos de las empresas con el gobierno de turno, pero no se altera su mecanismo: financiamiento de campañas electorales + captura de instituciones públicas (IGSS, Ministerio de Salud, Hospital Militar) + “precio de referencia” de mercado = sobreprecios tolerados. El ejemplo que expuso Román Carlos Bregni es valiente, verídico y oportuno. 

Guatecompras registra que durante el gobierno del PP Agefinsa casi cuadruplicó sus ventas al sector público (Q80 millones en 2011, Q301 millones en 2015), mientras su gemela, Iberfarma, saltó de Q1 millón a Q53 millones en el mismo periodo. El MP y la CICIG condujeron penalmente varios casos de corrupción y hasta de homicidio culposo de 51 personas, expuestas a un mal tratamiento renal. 

En los últimos tres años el IGSS demostró que otro sistema es posible: medicamentos a precios reales de mercado, mediante competencia abierta, sin padrinazgos políticos. Los multimillonarios ahorros están a la vista. Pero el sistema es vulnerable, pues lo opera otro organismo de la ONU, UNOPS. Jimmy Morales se encargó de liquidar a la CICIG, y ahora muchas notas de prensa advierten el riesgo de que Alejandro Giammattei liquide la asistencia técnica de UNOPS. 

¿Qué podemos esperar los guatemaltecos de un sistema político y de un cartel farmacéutico enfermos? 

No debe haber excusas ni victimización. La brecha que está abriendo Carlos Román Bregni, la debemos ensanchar, y, en primer lugar, los profesionales dignos del juramento hipocrático.